JxC mete las narices en el avión venezolano-iraní que retuvo el Gobierno y pide aplicar sanciones
Diputados de la coalición opositora denunciaron a funcionarios que participaron del operativo en torno a la aeronave que fue retenida en Ezeiza.
Un grupo de diputados vinculados a Juntos por el Cambió presentó una denuncia en el juzgado federal de Lomas de Zamora para denunciar a funcionarios que estuvieron involucrados en el operativo del avión con calcomanía venezolana y de origen iraní -sancionado por los Estados Unidos- que retuvo el Gobierno en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La presentación judicial lleva la firma de los diputados Ricardo López Murphy y Gerardo Milman, en conjunto con el consultor aeronáutico Franco Rinaldi, con el fin de que “que el juez interviniente en la causa del avión venezolano/iraní avance en la investigación contra los funcionarios”.
La historia comenzó el lunes, cuando el avión, un Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur, aterrizó en el aeropuerto de Córdoba por la neblina que había en Buenos Aires, pero luego llegó a Ezeiza, donde lo esperaban con información de inteligencia que habían aportado varias agencias internacionales.
Allí, intervino la PSA, la Aduana, Migraciones y la PFA en un operativo conjunto. “Transportaba autopartes para una empresa automotriz, se revisó la carga varias veces, pero no se encontró nada extraño y fue liberada”, dijo una alta fuente de la PSA.
Sin embargo, en el avión viajaban al menos cinco iraníes, algunos de ellos con supuestos vínculos con la Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar. Por este motivo, el Gobierno decidió retenerles los pasaportes mientras se define la situación del avión.
Cabe señalar que entre la tripulación también había una docena de venezolanos. Este también fue un dato que llamó la atención de las autoridades, ya que se trata de más del doble de lo necesario. En la denuncia presentada por diputados opositores se advierte que el avión circuló entre Córdoba y Buenos Aires “con el transponder apagado, como si no quisiera ser localizado”.
La denuncia, patrocinada por los abogados Maria Eugenia Talerico y Yamil Santoro, apunta a José Glinski, (Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria), María Florencia Carignano (Directora Nacional de Migraciones), Paola Tamburelli (Administradora Nacional de Aviación Civil), Gabriela Logato (Presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea) y Silvia Brunilda Traverso (Directora General de Aduanas).
“Teniendo en cuenta que Argentina ha sufrido dos atentados terroristas donde personas poderosas de Irán y Hezbollah han sido señalados por nuestra justicia, imponían en nuestros funcionarios un actuar diligente que no han tenido, incumpliendo los deberes a su cargo y poniendo con ello en riesgo la seguridad nacional”, dice la presentación.
Y agrega: “No solo dejaron entrar a la aeronave con una tripulación que debe ser identificada con rigor técnico, sobre cuyo titular pesa una dura sanción de OFAC, con manifiesto irregular y con los radares apagados, sino que la dejaron circular a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y la hubieran dejado partir a Caracas, si esta situación no hubiera tomado estado público con el pedido de informes del diputado nacional Gerardo Milman. Cuando la prensa alertó sobre la situación, tomaron medidas sin poner en conocimiento de la justicia todo lo acontecido”.
La Justicia ya intervino el sábado a partir de un habeas corpus presentado por el abogado Rafael Resnick Brenner, un ex funcionario de la AFIP condenado por el caso Ciccone. Ese abogado pidió liberar el vehículo y solicitar la devolución de pasaportes a todos sus tripulantes. Antes de resolver, el juez Villena pidió informes a una serie de organismos públicos y citó a una audiencia para este domingo.