Juicio Político a Rosenkrantz: La comisión que trata los pedidos trabaja poco y tiene apenas 3 proyectos en carpeta
La presentación de una diputada del Frente de Todos contra el juez Carlos Rosenkrantz desempolvó el uso de los pedidos de juicios políticos como herramienta política. Una estrategia con más resonancia mediática que en el tratamiento parlamentario de los proyectos. Antecedentes.
La diputada Vanesa Siley renovó un pedido de juicio político presentado en 2017 contra Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, por obstruir "el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales". La diputada nacional por la coalición oficialista aclaró que no era una presentación nueva sino un "ampliado en los fundamentos de los pedidos del año 2017" que realizó antes del fallo de la Corte por el per saltum de los traslados de jueces.
A pesar de esto, el tema entró en la agenda e incluso sus pares de bloque tomaron la propuesta para apuntar a la Corte. El diputado Leopoldo Moreau criticó a Rosenkrantz y sumó al resto de los integrantes del máximo tribunal de justicia. Agregó cuestionamientos a Horacio Rosatti, por haber admitido el decreto de Macri que lo colocó en la Corte y recordó que la otra magistrada integrante del tribunal, Elena Highton, "tiene vencido su mandato y logró un fallo en su favor para prolongarse allí". El kirchnerismo mantiene sus críticas fuertes al Poder Judicial y sigue teniendo en el centro de sus críticas a la Corte.
En contrapartida, Juntos por el Cambio ya impugnó el proyecto de juicio político que propone la diputada Siley y también la embestida del diputado Moreau. El diputado radical Jose Cano (Tucuman) condenó enérgicamente estas "persecuciones de claro tinte político, poco responsable" tanto de la diputada como del diputado del oficialismo. "No podrán llevarse por delante las instituciones", dijo Cano.
A pesar de esto, en 2017 la propia diputada Elisa Carrió, referente del bloque Cambiemos, presentó un pedido de juicio político contra otro miembro de la actual Corte, el juez Ricardo Lorenzetti. No solo el pedido, Carrió renovó y amplió los argumentos al año siguiente al igual que lo acaba de hacer Siley. El pedido perdió estado parlamentario este año y la Coalición Cívica no lo representó.
La comisión de Juicio Político es la encargada de tratar las presentaciones y los pedidos de juicio político tal cual lo indica su nombre. Por uso y costumbre, siempre la preside el oficialismo. En este caso, la santafesina Josefina Gonzalez. Solo tiene reuniones en casos muy puntuales, el último antecedente es en 2015 por la situación del juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt. Desde entonces, no tuvo más que la reunión constitutiva cada año. Este mecanismo se repitió durante todo el gobierno de Cambiemos y en este corto periodo de Alberto Fernández.
El Frente de Todos no tiene en agenda una reunión de la comisión y tampoco planea hacerlo en los próximos días. Un sector del bloque, con más cercanía a la Casa Rosada, le baja el tono al proyecto e indica que es una iniciativa individual de la diputada. Quienes dan esta explicación aseguran que “no es el momento” para dar tratamiento a un pedido como el que presentó Siley.
No solo tiene pocas reuniones la comisión que debería tratar un pedido de juicio político, sino que también ofrece poca cantidad de proyectos presentados que deban pasar por ese cuerpo. Actualmente hay tan solo 3 proyectos con estado parlamentarios pendiente de tratamiento en la comisión. El que actualizó Siley la semana pasada y dos de la oposición pidiendo promover el enjuiciamiento de la ministra Sabina Frederic por "mal desempeño" en la cartera de Seguridad.
La última vez que el oficialismo del momento tuvo que ceder a las presiones para tratar un juicio político fue en 2014 con una innumerable de pedidos presentados contra Amado Bouduo, por entonces vicepresidente. El kirchnerismo bloqueó el intento de la bancada opositora en una convulsionada sala de reuniones. Los diputados del Frente para la Victoria leyeron un documento y votaron el rechazo a los cuestionamientos contra Bouduo con 17 votos propios sobre un total de 31 miembros. La oposición se quedó solo en discursos contra el ex vicepresidente.
El camino de los pedidos de juicio político en el Congreso impone un tratamiento con mayorías especiales. Es decir, debe conseguir los dos tercios en ambas Cámara para confirmarse. Cosa que difícilmente se pueda lograr sin la ayuda de bloques ocasionales de la oposición. En este caso, aún en el Senado donde el Frente de Todos tiene amplitud numérica, el oficialismo está lejos de poder conseguir los dos tercios.