El presidente Alberto Fernández dio a conocer el pasado domingo 1 de enero que pediría el juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti para que "se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", tras la difusión de informaciones “jamás contradichas que dejan al descubierto el vínculo escandaloso entre parte de la política y la justicia".

Para la presentación del texto, que también incluye “solicitar que se inicie el proceso de juicio político de Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti”, otros de los miembros del Máximo Tribunal, el Presidente tomó la decisión de salir a apoyarse en los gobernadores del PJ con el fin de ganar más músculo. Sin embargo, la movida arrojó perores resultados de los esperados.

Sucede que pese a que Nación aseguró contar con el apoyo de 12 mandatarios provinciales en realidad fueron 10 los que sumaron su rúbrica y en vez de ir por la positiva la foto terminó demostrando la fuerte negativa de un sector del peronismo que hoy busca separarse del kirchnerismo y avanzar en clave centrista.

Tras la incomodidad surgida luego de que desde el entorno del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, negaron haber firmado el documento oficial, y luego de que se conociera que el mandamás de Chubut, Mariano Arcioni, se encuentra de licencia y tampoco puso su rúbrica, los jefes comunales de todas partes del país salieron a apoyar el Juicio a la Corte Suprema.

Lo hicieron a través de la Federación Argentina de Municipios (FAM), comandada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. En un comunicado, los alcaldes de todas partes del país coincidieron en que "el federalismo no se negocia". Y consideraron que "múltiples son los hechos que acreditan el mal desempeño de los miembros de la Core", como la "violación a la Ley de Ética Pública", que establece la excusación de los magistrados a intervenir en causas relacionadas con clientes de sus antiguos estudios jurídicos.

La entidad también objetó por parte del máximo tribunal "la extracción de recursos a las provincias de una manera ilegítima y arbitraria a las provincias y el manejo discrecional del Poder Judicial en detrimento del sistema representativo, republicano y federal previsto en la Constitución Nacional". 

En esa línea, consideraron que "esta Corte es una Corte parcial, que responde a una coalición electoral y a grupos económicos concentrados, pero no responde al conjunto del pueblo argentino. Es una corte que ha sido cooptada por el poder económico y un frente político para perseguir líderes populares y garantizar ganancias y privilegios al capital concentrado de Argentina". 

Y cerraron: “Las provincias argentinas y de igual manera los municipios nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de manera antojadiza sin ningún tipo de fundamentos y argumentos”.

Juicio a la Corte: tras la caída de los gobernadores, se activó el plan de apoyo de los intendentes

No solo a través de la FAM, se expresaron los intendentes. Desde Chapadmalal, donde coincidieron con el Presidente y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, 17 jefes comunales le hicieron saber su apoyo al primer mandatario a la decisión de ir por la Corte.