Jueces en comisión: una novela judicial con final abierto y con más oposición que avales

Mauricio Macri también lo hizo. Ese fue uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno a la hora de gatillar el plan “jueces por decreto y en comisión”. No es que la idea haya sido sorpresiva (se venía rumoreando hace tiempo) sino que en varios estamentos sorprendieron los flojos argumentos que los libertarios utilizaron para defender su obra maestra.

Más allá de los ejemplos que el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona puso a modo de justificación, está claro que la maniobra de saltearse el proceso constitucional para el nombramiento de integrantes de la Corte Suprema es todo menos normal, habitual y correcto.

Incluso hubo una mención que molestó bastante en el Palacio de Tribunales: el ministro sostuvo que Macri nombró por decreto y en comisión a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, utilizandolos de modelo a seguir. Lo cierto es que si bien el por entonces presidente intentó ese camino apenas asumió, los cuestionamientos hicieron que jamás juraran en esas condiciones. Solo llegaron a la Corte luego de conseguir el aval en el Senado. Es decir, los ⅔ de los votos, tal como estipula el requisito constitucional. 

Ariel Lijo recibió el aval que esperaba: la Cámara Federal (integrada por sus compañeros de edificio en Comodoro Py) le dio el okey para su licencia aunque está claro que el conflicto por su jura está lejos de solucionarse. Los camaristas suelen intervenir en licencias ordinarias (exámenes, días personales, enfermedades) mientras que la Corte Suprema se encarga de otorgar aquellos permisos extraordinarios.

La Cámara intentó un salvoconducto: le aprobó a Lijo su pedido extraordinario de licencia sin goce de sueldo, se lo notificó al Consejo de la Magistratura y se lo remite en oficio a la Corte, como quien no quiere la cosa y sin requerir de su okey o permiso.

“Si hay licencia extraordinaria, hay intervención del Máximo Tribunal”, repetían en los alrededores de Plaza Lavalle. Varios jueces recordaban como tuvieron que pedirle permiso a los supremos cuando tuvieron invitación a un congreso en otro país, por ejemplo. Lo otro que señalan aquellos que conocen las intrigas palaciegas es que la decisión se toma por mayoría y no por unanimidad: está claro que Ricardo Lorenzetti avalaría la llegada de Lijo pero Rosatti y Rosenkrantz no estarían tan convencidos.

Lijo ya deslizó en varios ámbitos que, en caso de que no le habiliten la posibilidad de jurar, no va a renunciar a su puesto en el Juzgado Federal 4. Esto choca con la idea que tiene Javier Milei de tenerlo sentado con Manuel García Mansilla en el palco de los integrantes de la Corte durante la Asamblea Legislativa del próximo 1° de marzo.

“Si hay conflicto, la Corte intervendrá”, dijo Rosatti hace algunos meses cuando el periodista Carlos Pagni le preguntó sobre la posibilidad de un nombramiento por decreto. En ese camino, ya se han presentado en tribunales federales varias organizaciones que cuestionaron el decreto presidencial.

Amnistía Internacional, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, ACIJ, el CELS, ELA, Poder Ciudadano e INECIP, entre otras organizaciones, también se manifestaron en contra del decretazo. A eso se le suma que el peronismo, la UCR y el PRO decidieron no avalar el pliego de Lijo en el Senado.

¿Qué pasaría si, ya en ordinarias, se rechazan los pliegos del juez y el académico nombrados en comisión? ¿Qué seguridad jurídica e independencia puede tener alguien que está a tiro de otro decreto que lo remueva de su cargo? Las preguntas en torno al tema no parecen tener una respuesta satisfactoria por parte de un gobierno que eligió un camino más que polémico