La Cámara Federal resolvió la semana pasada un conflicto desatado entre un juzgado de Comodoro Py y uno del fuero Penal Económico al respecto de un investigación que involucra al actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por la situación de aquellas personas que trabajan contratadas bajo el régimen de monotributo por el Ejecutivo de la Ciudad. De acuerdo a la hipótesis inicial, eso permitiría evadir las reglamentaciones actuales sobre jubilaciones y obra social.

La decisión de la Cámara Federal, representada por el juez Roberto Boico, fue que por lo menos en las instancias iniciales de la investigación, la causa debe estar en Comodoro Py.

La presentación judicial contra el Jefe de Gobierno recayó primero en el Juzgado Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos. Allí se lo señalaba como “responsable de una política de gobierno a través de la cual, y mediante el dictado de decretos y resoluciones, se evade la responsabilidad de tributar al sistema de Seguridad social, sindical y de obra social”.

En la denuncia, se indicó que el gobierno de la Ciudad tiene alrededor de 25 mil trabajadores que cubren distintos puestos de trabajo bajo la modalidad de monotributo. “Ello implica un fraude a las leyes previsionales y laborales que permite la evasión de millones de pesos que no son incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, no otorgan la correspondiente cobertura de Obra Social y no permite participar libremente de las actividades gremiales ya que las personas que cumplen tareas bajo estas condiciones precarizadas de empleo no tienen la posibilidad de afiliarse al sindicato, siendo presionadas con amenazas cuando intentan reclamar sus derechos”, se sostiene en el escrito judicial.

Al momento de ver la denuncia, el Juzgado Federal Nº2, a cargo de Sebastián Ramos, consideró que en la presentación se hace referencias a posibles infracciones a las leyes 24.241; 23.771; 26.735 y 27.430, todas relacionadas a lo impositivo, a lo previsional y al sistema de jubilaciones y pensiones, por lo que le tocaba intervenir a un juez en lo penal económico.

Cuando llegó a ese fuero, el magistrado Marcelo Aguinsky rechazó intervenir en la causa por considerar prematura la decisión ya que no se abrió una investigación que permita esclarecer los aspectos del hecho denunciado. Al haber conflicto entre ambos jueces, quién tiene que “desempatar” la cuestión es la Cámara del fuero que intervino primero

El juez Boico en su rol de integrante de la Cámara Federal hizo mención en su resolución al dictamen que realizó el fiscal general adjunto donde consideró que debían llevarse a cabo “diligencias orientadas a esclarecer mínimamente los hechos denunciados y sus alcances”.

“Examinados los argumentos expuestos por los magistrados entiendo acertada la postura sostenida por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia con apoyo en la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues la ausente actividad instructoria orientada a conocer el alcance de los hechos denunciados y circunscribir así su objeto impide definir la contienda en el sentido pretendido por el declinante”, explicó Boico.

Con esa argumentación, el camarista consideró que debe abrirse y profundizarse la investigación antes de tomar una decisión sobre el fuero que debe intervenir. Por eso es que declaró que la causa debe continuar en Comodoro Py, específicamente en el juzgado Nº 2.