Tras el tsunami que significó el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la noche del jueves, la investigación se dirige ahora a esclarecer las motivaciones del agresor, las posibles fallas en la seguridad de la funcionaria y si existió algún plan por parte del único detenido, Fernando Andrés Sabag Montiel.

Por lo pronto, tras la indagatoria tomada durante la noche del viernes, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo aguardan una serie de evidencias para profundizar el rumbo de la causa. Todavía no se descarta ninguna hipótesis. Sabag Montiel es representado por el defensor oficial Juan Martín Hermida, que pidió que sea atendido por un oftalmólogo por un golpe que habría recibido cuando fue detenido por los militantes en la vereda de la casa de la vicepresidenta.

El acto de indagatoria consistió en hacerle conocer la serie de hechos que se le imputan, a través de lo que se pudo establecer con los videos y los testimonios recolectados durante el viernes, que incluyen lo que dijo la vicepresidenta en su declaración. Allí Cristina aseguró que no se percató en ese momento de lo que estaba sucediendo. Aún no se ha definido si se presentará como querellante en la causa, lo que le habilitaría a requerir medidas de prueba.

En esa línea, una de las cuestiones es justamente establecer el funcionamiento del arma utilizada por el atacante: la pistola Bersa calibre 32 no tenía ninguna bala en la recámara pero el cargador tenía cinco proyectiles. ¿Por qué motivo no accionó el mecanismo? ¿Fue debido a un desperfecto, a una inexperiencia en el manejo? Hasta ahora, lo que se conoce es que la pistola estaba apta para disparar aunque falta la profundización de los peritajes.

Dentro de ese universo de medidas está el análisis de todas las filmaciones que se consiguieron y las que se incorporarán en las próximas horas. No se determinó aún como Sabag Montiel llegó a Recoleta el jueves, si tuvo contacto con alguien más o algún diálogo antes de llevar adelante el ataque. A esto se le suma el peritaje que se hará sobre el celular del acusado, a cargo de la Policía Federal Argentina, para descartar o confirmar si se trata de una situación gestada por alguna organización. También se dispuso lo que se conoce como un “barrido” de redes sociales, para darle un contexto a la situación. Si bien se estableció que el hombre estaba “ubicado en tiempo y espacio” -motivo por el cual pudo ser indagado-, todavía no se hicieron los análisis psicológicos y psiquiátricos que permiten descartar la inimputabilidad. 

Con las evidencias que se vayan incorporando, tanto el juzgado como la fiscalía podrán trazar una acusación o calificación pertinente. Hasta ahora, la calificación provisoria menciona la tentativa de homicidio agravada, lo que podría tener una pena de hasta quince años de prisión si se trata de un agravante previsto en el artículo 80 del Código Penal, donde se enumeran las situaciones donde los asesinatos tienen como castigo una prisión perpetua. Esto se debe a que en el artículo 44 del Código Penal, al momento de analizar las tentativas de delitos, se explica que si el hecho consumado tiene pena de prisión perpetua, “la de tentativa será prisión de diez a quince años”. En el caso de que sea una tentativa de homicidio agravado únicamente por el uso de armas, la pena mínima sería de cinco años y cuatro meses pero que podría llevar el máximo a 22 años.

La intención será clave: si bien nadie puede “meterse” en la mente de otra persona, hay elementos que en el sistema judicial permiten hablar de un conocimiento y voluntad de cometer un hecho. Dirigir un arma hacia la cabeza de una persona es una situación que cualquier individuo puede distinguir como de riesgo para la vida. 

Con respecto a la custodia de Cristina, está la posibilidad de que se los investigue por no actuar como su rol lo requería, debido a que se permitió que una persona armada se acercara de esa manera a la vicepresidenta.