El Gobierno envió al Congreso el proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior, que ingresó hoy a la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa elaborada por el Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri propone, entre otras cosas, habilitar la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas. 

Actualmente, la Ley N°24.059 (sancionada en 1991) establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en dos escenarios: como apoyo a las Fuerzas de Seguridad (artículo 27) y, en el caso de un estado de sitio, para resguardar "la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones" (artículo 31).

La iniciativa presentada por el Ministerio de Defensa (anunciada formalmente la semana pasada) propone una "alternativa intermedia" para que las Fuerzas “actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo como es la declaración de estado de sitio”.

El proyecto resalta como punto de partida que la Constitución no contempla -ni contempló nunca- una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de la Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas. En efecto, el artículo 75, inciso 27 de la Constitución nacional dispone que corresponde al Congreso de la Nación fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y guerra y dictar las normas para su organización y gobierno.

Ingresó a Diputados el proyecto que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar contra el terrorismo

Además, la iniciativa plantea que, en caso de que se produzca "un acto destinado a aterrorizar a la población" y se inicie una investigación penal, “el Comité de Crisis estará facultado para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las FFAA para el restablecimiento de la Seguridad Interior”. Asimismo, detalla que "esa intervención podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia". El pedido del Comité de Crisis deberá "especificar las posibles acciones a desplegar, el tiempo requerido y lugar definido".

"En los casos en que el personal militar designado para este tipo de tareas estuviese obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según el caso. Bajo dichas premisas, su accionar será calificado en cumplimiento del deber y, por consiguiente, no punible", señala el proyecto.

A su vez, la iniciativa dispone que “las Fuerzas Armadas sean capacitadas para las acciones aquí previstas, obteniendo así las aptitudes técnico-legales para intervenir, contar con el equipamiento correspondiente a las necesidades operativas de la misión y con las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado para el caso”.

El texto lleva las firmas del ministro de Defensa, Luis Petri; su par de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el presidente Javier Milei.

Críticas al proyecto

El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, definió como un “estado de sitio encubierto” el proyecto enviado por el Ejecutivo. En conversaciones en AM 750, el Chivo señaló que hasta ahora la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior estaba limitada a dos supuestos: “el apoyo logístico en situaciones puntuales y la declaración de estado de sitio en caso de crisis institucionales. Con la nueva reforma, cualquier región de Argentina podría ser militarizada por decisión ejecutiva, sin el control del Congreso”. 

Además, cuestionó los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había justificado la decisión en la necesidad de combatir el terrorismo. Ante esto, el ex jefe de Gabinete remarcó que el gobierno no se atreve a mencionar el término "narcoterrorismo" abiertamente, aunque “en realidad parece ser el verdadero objetivo de la reforma”. Esta medida, argumenta Rossi, busca “crear un ambiente de miedo y control sobre la población, utilizando la amenaza del terrorismo como excusa para incrementar la represión estatal".