El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al exteniente carapintada, Aldo Rico, por su aparición en un videos convocando a militares en funciones y a veteranos a revelarse contra el orden institucional, argumentando que “la Patria está en peligro” y en vías de "disolución".

La denuncia original la formuló el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, por entender que el mensaje de Rico podría “constituir una amenaza de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática”.

El mensaje fue transmitido el 21 de julio, en la plataforma Youtube y estuvo dirigido a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y a todos los veteranos, “dadas las circunstancias de violencia y disolución que se profundizan”, a fin de preparase y organizarse para una eventual defensa de la Patria.

“Hoy nuestra amada Patria, esta República, es una anarquía, no hay gobierno, lamentablemente y todos están en la calle, están en la calle todos los movimientos piqueteros, están en la calle defendiendo al oficialismo, defendiendo a la oposición [...] lamentablemente nuestras amadas fuerzas armadas están conducidas por un delincuente terrorista”, señaló Rico en esa oportunidad.

Luego, apeló “a todos los veteranos, de todas las jerarquías, estamos hablando con los que pertenecimos a los cuadros de oficiales, queremos hablar con los suboficiales, queremos integrar a nuestros soldados, veteranos que pelearon como leones en Malvinas y prepararnos, prepararnos porque apreciamos que en nuestra amada patria, lamentablemente, las circunstancias, las circunstancias de violencia y de disolución se van a profundizar”.

Ante esto, Taiano solicitó que se convoque a especialistas para que evalúen la idoneidad y el alcance del mensaje del exmilitar, como así también el contexto histórico y político. Para ello, el fiscal solicitó la declaración de Sergio Rossi, Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa; del general (r), Martín Balza; del periodista y abogado Rosendo Fraga; y de los académicos Juan Gabriel Tokatlian y Paula Canelo.

Las declaraciones de Rico fueron altamente repudiadas por el Gobierno nacional, que rápidamente inició acciones legales contra el exmilitar. En tanto, en el distrito bonaerense de San Miguel ocurrió una curiosidad: los concejales de Juntos se opusieron a un proyecto que rechazaba estas declaraciones y esquivaron la discusión.