Granata, entre la casi imposible remoción y un rol opaco en la legislatura santafesina
La legisladora puso en duda el intento de asesinato a Cristina Kirchner y el FdT pidió su remoción del cargo. Qué condiciones se necesita para que un pedido de dicha magnitud prospere y por qué es casi imposible que suceda.
El jueves por la noche el país quedó paralizado tras el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando intentaba ingresar a su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta.
Los repudios de políticos de todos las fuerzas llegaron casi de inmediato, aunque no faltaron quienes pusieron en duda el hecho como fue el caso de la diputada santafesina Amalia Granata, quién aseguró que se trató de algo "todo armado que pantomima".
Tras los dichos de Granata, que fue desconcertante para la legislatura provincial que había repudiado de manera casi unánime, el interbloque del Frente de Todos solicitó que expulse del cuerpo a la legisladora por propinar "discursos antidemocráticos y de odio".
Lo cierto es que el pedido de remoción y la eventual expulsión de Granata es casi imposible a los fines prácticos. Primero porque no reúne las condiciones que exige la constitución para que se formalice el pedido y también por una cuestión aún más tangible: el peronismo en Santa Fe no reúne los votos necesarios para hacer prosperar el proyecto.
El reconocido abogado constitucionalista Domingo Rondina dialogó con Data Clave y aseguró que "las declaraciones de Amalia Granata son repudiables, antidemocráticas, generan más violencia, más división, hacen de la política un show en vez de darle seriedad al debate. Deshonra la banca que ocupa, deshonra a la provincia de Santa Fe, pero no se dan las condiciones constitucionales de inhabilidad moral o incompatibilidad o delito que permitan la destitución de la banca".
El letrado santafesino agregó que "ella se burla, pone en duda la realidad del atentado pero no comete un delito que implique su remoción".
Para que un legislador sea destituido tiene que haber una situación de inhabilidad física o moral posterior a su asunción o, tal como lo dice la constitución, "un grave desorden en cumplimiento de sus funciones o delitos comunes".
Las expresiones de Granata "están en el marco de las opiniones, repudiables, pero son opiniones, no son delito ni convocan a la comisión de delitos", destacó Rondina.