Este jueves es la fecha que dictó el juez Martín Rizzo para desalojar la toma de tierras en Guernica. El Gobierno bonaerense había logrado postergar esa fecha y mantenía un diálogo con los ocupantes para alcanzar una salida pacífica. El diálogo que se cortó el domingo. Por eso crece la incertidumbre respecto a qué va a pasar mañana, en un conflicto que divide al oficialismo.

Pero en la previa, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó un ambicioso Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat 2020-2023. Fue junto a la ministra nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

El plan supone una inversión de $190.186 millones que se destinarán, según el parte oficial, “a la construcción de 33.600 viviendas nuevas; la reactivación de 9.738 obras de viviendas cuya edificación se encuentra frenada; el desarrollo de 85.353 lotes con servicios; 18.426 obras de mejoras habitacionales y de hábitat; 507 proyectos integrales de urbanización en barrios populares; y la construcción de 6.213 viviendas y 5.846 lotes como parte del programa Procrear”.

Tras el anuncio, se manifestó al respecto el dirigente social Juan Grabois, cercano al Gobierno, y que en los últimos días fue parte de una negociación que derivó en el traslado de la secretaría nacional de Integración Socio-Urbana del ministerio de Bielsa al de Daniel Arroyo, el de Desarrollo Social. Esa secretaría, que debe llevar adelante el plan de urbanización de barrios populares aprobado por el Congreso en 2018, es conducido por Fernanda Miño, una dirigente social de la órbita de Grabois.

“El plan presentado por Kicillof y su equipo propone metas concretas y ambiciosas. Si se cumplen, podrá decirse que fue el gobierno bonaerense que más hizo por los barrios populares en la historia”, afirmó Grabois vía redes sociales. En un claro mensaje de apoyo. Pero en el que además condiciona su acompañamiento al cumplimiento de este plan.

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