Gobierno prorrogará la concesión de Hidrovía S.A. por 90 días y luego avanzará en la licitación
En 13 días vence la concesión actual y no está definido quien se encargará de los servicios que demanda el corredor fluvial desde mayo. "El proceso está demorado pero la concesión actual se termina", confirmó a Data Clave una altísima fuente del gobierno. Preocupación de entidades agropecuarias, trabajadores y geopolítica en medio de un negocio millonario.
El 30 de abril vence la concesión que hace 25 años administra Hidrovía S.A (integrada por la empresa belga Jan del Nul y la argentina EMEPA) sobre el corredor natural Hidrovía Paraguay-Paraná, los 3400 kilómetros de río (desde Puerto Cáceres, Brasil, hasta Nueva Palmira, Uruguay) por donde pasan el 80% de los granos y derivados que exporta el país al mundo, el 90% de los container y el 100% de los autos que comercializa por vía acuática. Esa empresa realiza los trabajos de dragado y balizamiento a cambio de un peaje que les garantiza un millonario negocio de más de US$300 millones al año.
Pero esa historia termina en breve. A través del Ministerio de Transporte, el Gobierno conformó un Consejo Federal que integra Nación, siete provincias y cámaras empresarias, entre otros sectores, para llevar adelante el proceso de licitación que resolverá quién se hará cargo de ese trabajo.
Ese proceso llevará, al menos, un año. Y no se definió aún quién se hará cargo de las tareas que el río exige a partir del 1 de mayo para que no se interrumpa el tráfico marítimo en plena época de cosecha. Había fecha para el 6 de abril para reunir nuevamente al Consejo, pero esa fecha se postergó para el 26 de corriente, día en el que se espera una respuesta y una solución oficial a este contratiempo.
Hay consenso respecto a que la tarea que se viene haciendo en el marco del Consejo para determinar la próxima concesión es seria y transparente. No sobran críticas a ese punto. Sí respecto a lo que ocurra cuando en trece días venza la concesión de Hidrovía S.A. Las entidades agropecuarias escasean de certezas en negociaciones comerciales y el secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, tampoco tiene respuestas ante la consulta de los trabajadores, que no saben a quién responderán en apenas unas semanas, pese al compromiso del Gobierno de conservar los puestos de trabajo.
Próximos pasos
El Ministerio de Transporte baraja entonces algunas alternativas. Una de ellas es prorrogar la concesión a Hidrovía S.A el tiempo que sea necesario hasta que todo el proceso de licitación y adjudicación finalice. Noventa días aparece como una opción factible, pero podrían ser más también. En esta sociedad Jan del Nul se encarga del dragado mientras que EMEPA realiza la señalización y balizamiento.
Dentro de esta opción el Gobierno evalúa desplazar a EMEPA y reemplazarla por una empresa argentina. ¿Por qué desplazarla? El titular de esa firma es Gabriel Romero, empresario de largo recorrido cuya aparición en la hidrovía fue con el impulso de Carlos Saúl Ménem. La causa de los cuadernos involucró a Romero, que se presentó años atrás ante Claudio Bonadio como arrepentido y aseguró haber pagado US$600 mil al gobierno de Cristina Kirchner para garantizar la continuidad de la concesión. Actualmente Romero está procesado, a la espera del juicio oral.
“Ahora, lo que sí está claro es que hay una decisión política y es que la Hidrovía se licite y se haga una nueva concesión. Nadie está pensando en prorrogar la concesión que existe”, ha dicho el presidente Alberto Fernández, atento a lo que representaría que Romero se mantenga en el negocio. Pero esa frase condicionó los próximos pasos de su gestión en este tema.
“Se definían en el despacho de un ministro. Ahora se generó un marco distinto, y hay que respetar ese espíritu”, dicen quienes siguen de cerca el proceso. Pero no es sencillo conseguir un reemplazante para EMEPA. Una de las alternativas que se barajaron en el ministerio que conduce Mario Meoni es delegar esa tarea a la Administración General de Puertos (AGP), empresa cuyo societario es el Estado argentino, que realiza esos servicios sobre el Puerto de Buenos Aires.
Las autoridades de la AGP ya recibieron una consulta del ministerio respecto a si tienen capacidad técnica de llevar adelante esa tarea, que podría incluir el dragado si el proceso de licitación se demora. Si bien la demanda del Puerto de Buenos Aires es ampliamente inferior a lo que representan los miles de kilómetros de la Hidrovía, no les disgusta la idea de administrar semejante negocio. “Hacemos dragado y balizamiento del puerto de Buenos Aires desde que el mundo es mundo, tenemos experiencia, encima que nos vamos a hacer cargo del quilombo tenemos que justificar si tenemos capacidad técnica”, dijo una fuente del organismo a Data Clave.
Sin embargo, una alta fuente del gobierno con acceso al despacho principal de la Casa Rosada, negó rotundamente esta posibilidad: "el plan estatal es un delirio. La cuestión del dragado es muy costoso y hay muy pocos operadores que lo hacen. La autoridad de aplicación de la ley de Hidrovia va a ser un consejo que integren todas las provincias y la Nación y la licitación va a a hacerse rápido, los Pliegos ya están hechos y no hay razón para demoras. La AGP pierde la competencia exclusiva sobre la Hidrovia".
En simultáneo, la AGP ejerce la función de Unidad Ejecutora para "asesorar en el llamado, adjudicación y firma de contrato de licitación pública nacional e internacional para el dragado, señalización y mantenimiento del llamado 'canal Magdalena'”, que ya fijó el 7 de mayo para realizar una audiencia pública con el objetivo de “escuchar a los referentes de la sociedad civil y presentar la documentación, antecedentes y estudios ambientales”. Pero esta es otra novela, tiene otros autores.
Preocupaciones
De regreso en el Paraná, el Ministerio de Transporte recibe diariamente preguntas sobre el devenir de esta historia. Llamados frecuentes de Schmid. También de las entidades agropecuarias. De los gobernadores. De las privadas que pujan por un lugar en este entramado. Y también de la oposición.
Este viernes ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un pedido de informes de legisladores de Juntos por el Cambio “para indagar sobre diversas cuestiones vinculadas a la Hidrovía Paraguay-Paraná, cuya concesión vence el próximo 30 de abril”. “Se busca conocer, entre otras cosas, cuál es el marco requisitorio sobre los cuales se elaborarán los pliegos, en qué se ha avanzado y qué plazos se están manejando, si se ha determinado ya el plazo de explotación previsto para la futura concesión y los objetivos en términos tarifarios de la misma, qué obras y bajo qué modalidad de ejecución se le exigirá a la nueva concesión”, demandaron los legisladores.
“Desde la entidades agropecuarias vamos a sacar un comunicado pidiendo previsibilidad porque la incertidumbre perjudica acuerdos comerciales”, le dijo a Data Clave Ignacio Mántaras, referente de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en este asunto. Y agregó: “Más allá de la coyuntura, abogamos y vemos buenas intenciones para que se mantenga la transparencia en el proceso licitatorio gran oportunidad para despejar dudas”.
El gremialista Schmid, en tanto, aseguró ante la consulta de este portal: “No tenemos precisiones y es preocupante. Pero tenemos un convenio colectivo con Hidrovía, y ahí vamos a reclamar, venga quien venga”.
“No hay manera de hacer una licitación antes del 30 de abril. Se avanzó mucho en el proceso de redacción de los pliegos. Entiendo que el gobierno va a tener que buscar una figura para sostener el dragado, por eso es lo más probable es que continúe el mismo concesionario hasta que termine el proceso”, detalló a Data Clave Julio Rodríguez, fiscal de Estado de Entre Ríos y el representante de esa provincia ante el Consejo Federal de la Hidrovía.
“Se está trabajando bien con los pliegos, se generó un ámbito federal para un asunto que es trascendental para las siete provincias que participan, un espacio muy interesante, el abordaje triple, el organismo de control”, dijo (también a Data Clave) Daniel Costamagna, ministro de Producción de Santa Fe, pero añade: “Debe garantizarse el mantenimiento de la hidrovía hasta que tengamos un nuevo operador, estamos en plena cosecha”.
Carlos del Frade, diputado provincial de Santa Fe del Frente Social y Popular de Santa Fe, es bastante más crítico y sostiene que no debe quedar en manos privadas. “El ministro Meoni dijo que se necesita más tiempo para garantizar la transparencia en el proceso de concesión de la hidrovía. De tal manera tiene que ser transparente que debe quedar claro cuánto le queda al pueblo argentino de las riquezas que se van por el Paraná, la cuenca del Plata y el Mar Argentino. Porque la riqueza que se va, es la pobreza que nos queda”, aseguró Del Frade en un texto enviado a esta redacción.
Negocio futuro y geopolítica
Las relaciones exteriores están en un punto álgido y máximo en la gestión del Frente de Todos. La escapada del ministro Martín Guzmán a Rusia para pedir que se acelere la entrega de vacunas Sputnik V luego de una gira en el marco de las negociaciones con el FMI y el Club de París son una muestra de eso. También la visita que esta semana protagonizó el estrecho asesor de Joe Biden, Juan González Román, que cuestionó los intereses que esconden Rusia y China detrás de los contratos por las vacunas.
Y la Hidrovía también forma parte de estas conversaciones. Son varias las empresas del mundo que miran de reojo y analizan presentar una oferta en la licitación. Entre otras, figuran el Consorcio neerlandés Boskalis Dredging International (con el aval de la reina Máxima Zorreguieta), también de los Países Bajos Royal Van Oord y, entre otras, la china CCCC Shanghai Dredging.
Se resolvió que, para la próxima concesión, no habrá una sola empresa que se encargue tanto del dragado como del balizamiento, como ocurre ahora. Sino que serán dos etapas distintas. La primera sería a cargo de una firma internacional, mientras que la segunda si podría existir un competidor local.
A esto hay que agregarle el frustrado proyecto del Presidente junto a los gobernadores de crear una empresa estatal, que tendrá una participación del 51% por parte del Estado Nacional y un 49% dividido en 7 provincias para controlar los procesos de licitación “llevar adelante obras complementarias y accesorias a la Hidrovía”. Se confirmó finalmente que lo que funcionará en este ámbito es un ente autárquico de control de la próxima concesión.
No es un asunto sencillo. El tiempo corre. El desafío es enorme y lo que se resuelva será trascendental para el desarrollo productivo del país.