Mientras se ultiman detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno pone la mira en un paquete de leyes productivas que, ante el fallido de las sesiones extraordinarias, intentará sean tratadas durante las sesiones ordinarias del Congreso a partir del primero de marzo. 

Las empresas también esperan que prosperen los proyectos lo más rápido posible. En detalle, se trata de seis leyes de carácter “económico productivo” con las que el oficialismo quiere sostener el proceso de recuperación a través de incentivos a la industria y la construcción. 

Las iniciativas son: el proyecto de Cannabis Industrial y Medicinal; Promoción de Electromovilidad; Promoción de inversiones a la Industria Automotriz; Desarrollo Agro Bioindustrial; Compre Argentino y la prórroga del Blanqueo a la construcción. En común, todas representan un ingreso mayor de divisas que podrían financiar el sostenimiento de la economía y mermar la restricción externa.

El diagnóstico que hace el Gobierno tiene en cuenta que la economía se recuperó 10% durante 2012 cuando las previsiones preliminares daban un número más bajo. Con algunos incentivos, tal vez se pueda superar el arrastre de 3% que quedó para 2022. 

El proceso de la industria fue un claro ejemplo. Mostró un avance de 15,8% el año pasado, luego de tres caídas consecutivas, y volvió a niveles de 2018 en un contexto de falta de divisas para importar y problemas de abastecimiento global. La cuenta oficial es sencilla: con un incentivo adecuado, puede haber un mayor crecimiento de cara a un 2023 en el que se votará, o no, un nuevo Gobierno.

El tratamiento de las “leyes productivas” en las que trabajó y puso la cara el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, era una de las prioridades del Gobierno cuando llamó a sesiones extraordinarias a partir del primero de febrero. 

Sin embargo, el acuerdo con el FMI barrió con las discusiones que ni siquiera comenzaron formalmente en el Congreso. El Ejecutivo tardó en llamar a extraordinarias, el acuerdo con el Fondo que se anunció no estaba incluído en el temario, la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque oficialista en Diputados y la falta de acuerdos con la oposición para conformar comisiones fueron un cóctel que atentó contra el avance de los proyectos.

Por otro lado, las empresas ligadas a la producción estaban expectantes. El 2021 terminó siendo el mejor año para muchas industrias y tenían la posibilidad de contar con incentivos muy concretos. Puntualmente, era el caso de la Electromovilidad y Promoción de inversiones al sector automotriz, uno de los más importantes de Argentina.

En la Unión Industrial Argentina estaban también muy interesados en el avance de estas normas y las “seguían de cerca”. Ahora, aguardan que se aprueben lo más rápido posible. De hecho, en un documento reciente resaltaron que “medidas para favorecer la recuperación de la inversión, las exportaciones y el empleo serán fundamentales de cara a la continuidad del proceso de recuperación industrial". 

En ese sentido, la Junta Directiva de la entidad empresarial convocó a la realización del Consejo General para el próximo 15 de marzo. Durante la jornada, se hará la presentación preliminar de “Propuestas para un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo” (“Libro Blanco”). El contenido del documento cuenta con una mirada integral de la agenda federal y sectorial de la industria argentina. 

Por último, la construcción también estaba pendiente de la prórroga del blanqueo de capitales para incrementar las inversiones en ladrillos. Los empresarios del sector no pudieron ingresar a los plazos más atractivos de la exteriorización en 2021 y solicitaron una extensión que permita hacerlo en el corriente año. El rubro fue uno de los más pujantes en la recuperación.

La discusión con el Fondo implica un proceso mucho mayor a sólo el nivel de ajuste fiscal, también se incluye las posibilidades de crecimiento para los próximos años. Argentina necesita generar dólares y el Gobierno considera que la producción es el camino para eso. La contracara es la demora en estos proyectos considerados claves para la política productiva oficial.