El juez federal Ernesto Kreplak le requirió a la Secretaría General de la Presidencia si alguno de los asistentes a la reunión en el Banco Provincia había estado en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. De este modo, el magistrado pidió que se informe si en el registro de visitas del 2017 figura el nombre de la ex gobernadora María Eugenia Vidal o de alguno de los asistentes a la reunión realizada ese año en la sede porteña del BAPRO.

Se trata de la causa judicial originada por la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra funcionarios de la ex gobernadora bonaerense al conocerse videos en los que quedaron registradas reuniones donde se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales. 

En las grabaciones se puede ver a funcionario del gobierno bonaerense durante la gestión de Cambiemos, al senador provincial Juan Pablo Allan, el entonces subsecretario de Justicia provincial Adrián Grassi, el actual Intendente municipal de La Plata Julio Cesar Garro, y los tres ex funcionarios de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci, y Diego Luis Dalmau Pereyra, entre otros asistentes.

Hace apenas una semana, la fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo también solicitó un informe con todas las llamadas entre la exmandataria y los hombres que fueron filmados.

Según un escrito presentado, Russo involucró a Vidal por su presunta participación. "Se está investigando en autos la supuesta organización de una estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la Ciudad de la Plata", indica el documento.