Fuerte rechazo del PRO al decreto de Milei que limita el acceso a la información pública

El bloque de diputados del PRO expresó su "rechazo categórico" al decreto emitido por el presidente Javier Milei, que modifica la Ley N° 27.275 sobre Acceso a la Información Pública. La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, ha generado una fuerte controversia tanto en el ámbito político como entre organizaciones civiles, al considerarse que restringe el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública.

A través de un comunicado difundido en la cuenta oficial del PRO en la plataforma X, los diputados subrayaron que la ley de acceso a la información pública "es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública". El comunicado enfatizó que este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también fortalece el control y la supervisión ciudadana sobre las acciones del Estado.

El Decreto 780/2024 establece nuevos límites para el acceso a la información pública, al excluir datos que puedan considerarse como "privados" de los funcionarios, o que puedan causar "daños y perjuicios" a las personas involucradas. Esta redefinición ha generado un fuerte rechazo por parte del PRO, que sostiene que la modificación, hecha sin consenso y a través de un decreto reglamentario, constituye un "retroceso en términos de transparencia y control público".

Además de la oposición política, diversas organizaciones de la sociedad civil también han expresado su preocupación por las implicancias del decreto. Entidades como Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional han calificado la medida como una "seria regresión" en términos de transparencia estatal. Estos organismos sostienen que el decreto no solo limita el acceso a la información pública, sino que también amplía el secreto y la discrecionalidad de los funcionarios al definir qué información puede ser considerada privada.

El Decreto 780/24 llega en un contexto de tensiones crecientes entre el gobierno de Milei y sectores del macrismo, que ven en estas medidas una erosión de las políticas de transparencia implementadas durante la gestión de Mauricio Macri. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del PRO y ex titular del Enacom, fue una de las voces más críticas dentro del partido, al señalar que "alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público".

Por su parte, la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) también se sumó al rechazo, calificando la medida como "inconstitucional" y argumentando que lesiona el derecho humano de acceso a la información pública. La vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, solicitó la derogación del decreto, advirtiendo sobre los riesgos que implica descender los estándares de libertad de información alcanzados en Argentina.

La modificación de la Ley 27.275 y el consecuente rechazo político y social reabren el debate sobre el acceso a la información pública en el país y la importancia de mantener altos niveles de transparencia en la gestión gubernamental.