La presidenta del PRO Patricia Bullrich criticó a través de su cuenta de Twitter el voto de 39 diputados de su espacio a la ley que prorroga por diez años los desalojos en los barrios populares.

“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, lanzó la exministra de Seguridad. 

Tweet de Patricia Bullrich

Pero una inesperada respuesta vino por parte de María Migliore, ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, quién, por la misma vía, le dijo: "Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de la Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a cinco millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio".

Tweet de María Migliore

"En la Ciudad venimos llevando adelante la política de integración más imp de la Argentina nivelando la cancha para q el trabajo y el esfuerzo sirvan para progresar", agregó la ministra y "de ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones, la ley define territorios específicos de intervención, y estamos en contra de las tomas. Pero sí reconocemos que hay q ocuparse de estos temas q arrastran décadas. Con un norte de nivelar oportunidades y generar desarrollo".

La medida que Bullrich criticó se aprobó este miércoles por amplia mayoría y busca reformar la ley de integración socio-urbana de barrios populares, sancionada en 2018, y que prorroga por diez años la vigencia de la suspensión de los desalojos.

Fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional y propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.

A través del proyecto también se promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

El plenario legislativo aprobó la iniciativa por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos sufragios negativos de Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad. Tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio).