La conveniente relación entre los dos partidos más representativos de la derecha argentina, el PRO y La Libertad Avanza, está sembrada de escollos desde la primera vez que los representantes máximos de las dos fuerzas, Mauricio Macri y Javier Milei, se juntaron a comer milanesas con ensalada. De todos modos, el peor momento del vínculo parece haber llegado esta semana y por la postura de cada uno ante un enemigo común: Cristina Kirchner.

El proyecto de ley de “Ficha Limpia” impulsado por la diputada Silvia Lospennato parece ir claramente contra la posibilidad de que la expresidenta pueda presentarse a un cargo electivo y en un principio fue apoyado -o al menos en apariencia- por la totalidad de los dos bloques del Congreso. Sin embargo, de manera sorpresiva, varios diputados de ambos espacios se ausentaron de la sesión -algunos con argumentos pueriles como el del diputado Gerardo Huesen, que dijo padecer una descompostura fatal en el exacto momento en que debía dar quorum- y el proyecto no pudo ser tratado en el recinto.

Las redes sociales, entonces, ocuparon el lugar del debate parlamentario y en X -que es el actual campo de batalla dialéctica entre las diferentes fuerzas políticas y sus actores- tanto Mauricio Macri y el PRO como Javier Milei y LLA dijeron lo suyo. El expresidente se mostró indignado por la falta de compromiso en la batalla -supuesta- contra la corrupción y el actual mandatario le respondió con que en su gobierno no había nadie que no pudiera pasar por el tamiz de la ficha limpia.

Tal como expuso Data Clave, Mauricio Macri arrastra más de doscientas causas en su contra (algunas de ellas ya cerradas o archivadas, cabe aclarar) que van desde contrabando a homicidio culposo, pasando por lavado de dinero, malversación de fondos, estafa o abuso de los deberes de funcionario público.

También Milei distorsiona la realidad: solo en su gabinete de ministros, -sin contar la miríada de funcionarios libertarios del ejecutivo y legislativo de todo el país- hay por lo menos cuatro personas que fueron procesadas.

Luis Caputo

En el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 están imputados Caputo, Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Marcos Peña por defraudación a la administración pública. La causa se inició en junio de 2017 y fueron denunciados por la emisión de deuda a cien años, maniobra que se realizó a través del decreto 29/2017, donde Caputo contrajo en nombre del Estado Nacional la deuda. El perjuicio económico para el Estado, según los denunciantes, se basa en que en 13 años tendríamos cubierto el capital recibido y el resto sería para el pago de intereses.

El ministro está señalado por los delitos de “administración fraudulenta, delito de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público, lavado de dinero, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa y tráfico de influencias”. Esta causa se unificó con la de la emisión de deuda, pues como funcionario no solo intervino en dicha operación sino que una de las empresas que compró bonos por cinco millones de dólares fue “Noctua”, de la que es el dueño. 

Caputo sería -es lo que está aún en proceso de investigación- parte de una red de sociedades off shore en la que participaba antes de ser funcionario, y si continuó siéndolo ya en funciones ejecutivas de gobierno. 

Además se lo investiga desde entonces por ocultación maliciosa e incumplimientos de los deberes de funcionario público ya que no consignó en sus Declaraciones Juradas ante la Oficina Anticorrupción la información referida a su rol en los fondos de inversión en los paraísos fiscales, algunos de los cuales, como se dijo, compraron bonos de Argentina. “Noctua” tiene al Ministro Caputo como accionista y dueño indirecto ya que está conformada por varias sociedades off shore que son propiedad una de otra, como en un juego de cajas chinas que dificulta su rastreo. 

En noviembre de 2023 y a días de asumir nuevamente pero esta vez como Ministro de Economía de Javier Milei, Caputo seguía negando ser accionista de Noctua. Sin embargo los informes de USA confirman que fue accionista de sociedades offshore en las Islas Caimán y no lo informó al asumir en diciembre de 2015 en la función pública. 

Uno de los documentos aportados muestra que desde agosto de 2009 y al menos hasta julio de 2015 Caputo tuvo más del 75% de las acciones de Princess International Group (Caimán). Esta empresa era dueña de otra sociedad (Affinis Partners II, de Caimán), que a su vez es la “dueña directa” de Noctua. 

En esta causa, claro, Luis Caputo tiene un abogado. Es Matías Cúneo Libarona, el hermano del ministro de Justicia. En diciembre corrió el rumor de que Caputo puso como condición para asumir el ser sobreseído en todas las causas en donde está imputado. 

Federico Sturzenegger

En ese expediente fue sobreseído el 26 de noviembre de 2018 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°12. La imputación fue de administración fraudulenta, administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares, prevaricato y abuso de autoridad.

Según la acusación había incrementado los pasivos del Banco Central mediante la devaluación y luego el pago, autorizado por Bonadío con lo que se configuraba una pérdida patrimonial por cerca de 70 000 millones de pesos. Entre diciembre de 2015 y julio de 2017, el peso sufrió una devaluación cercana al 82 %.

En el marco de una reunión de Directores y Gerentes del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger exhibió una fotografía de la hija de la expresidenta Cristina Fernández, con el interrogante “¿Y con ésta qué hacemos?”. En dicha reunión, Sturzenegger habría exhortado a los presentes a fin de que aporten ideas para iniciar causas penales en su contra o bien involucrarla en procesos judiciales.

Fue sobreseído porque la denuncia fue presentada por un “anónimo” y el Banco Central -del que era director-  desmintió el hecho. Paralelamente, Pedro Biscay denunció que el BCRA levantó el secreto bancario sobre cuentas del camarista federal Eduardo Freiler sin que existiera orden de un juez, para darle información al consejero de la magistratura y diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, que impulsaba su destitución como parte de un anunciado plan del Gobierno para destituir a ciertos jueces.

En 2021, la Oficina Anticorrupción del gobierno argentino durante la administración de Alberto Fernández incluyó a Federico Sturzenegger en su denuncia por el presunto acto de corrupción cometido mediante el acuerdo que Mauricio Macri realizó con el Fondo Monetario Internacional el 7 de junio de 2018, por el cual el organismo internacional prestó a ese país una suma de 50 000 millones de dólares (luego ampliado a 57 000 millones), el más grande en la historia de esa organización, de la cual entregó los 44 500 millones originales. 

En noviembre de 2024, Camila Lomonaco, exsecretaria privada de Sturzzeneger en el Banco Ciudad, denunció en los medios de comunicación y en las redes sociales que fue violada en grupo por orden y orquestación de Sturzenegger con la complicidad de tres gerentes del Banco. Si bien se presentó en diversas oportunidades ante la Justicia, Lomonaco dice que nunca le tomaron la denuncia. 

Patricia Bullrich

En 1975, a los 19 años, Bullrich fue detenida en un operativo de propaganda política, por pintar con aerosol la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la avenida Independencia. Pasó seis meses presa, primero en Coordinación Federal (Superintendencia de Seguridad Federal, de la Policía Federal Argentina) y después en el pabellón 49 de la Cárcel de Devoto, la única vez que hubo mujeres, mayormente militantes universitarias. 

Tenía pedido de captura por su participación en la conducción de Montoneros en el exterior. Entró al país con pasaporte falso y la detuvieron al querer salir nuevamente para viajar a Ginebra, invitada a un congreso sobre la redemocratización de la Argentina. Estuvo presa nuevamente en Coordinación Federal.  

Durante el conflicto gremial de diciembre de 2015 en Cresta Roja actuaron las fuerzas de seguridad lideradas por Patria Bullrich. En un comunicado, Bullrich dijo: “Mientras se llevaban adelante las negociaciones, un grupo de militantes del Partido Obrero intentó ingresar al aeropuerto de Ezeiza, para tomar posesión del mismo. Allí, golpearon a un gendarme y desataron el conflicto.”

​ A raíz de esto el Comité Ejecutivo del PO presentó una denuncia penal contra Bullrich “por calumnias e injurias, agravadas por provenir de altos funcionarios del Estado y, por lo tanto, de servirse de la mentira para pavimentar la persecución política.” La ministra pidió disculpas públicas y la denuncia quedó sin efecto. 

En 2016, Bullrich lideró la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una firma a la que se le pagó 35 millones de dólares; 5 millones de dólares más que lo que ofrecían sus competidoras en la licitación. El Estado terminó abonando también el impuesto a las ganancias (entre otros) por 600 mil dólares a través de un ente cooperador. La Oficina Anticorrupción lideró la denuncia por estafa, violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos que también involucra a Gerardo Milman, al exsecretario de coordinación de la cartera Alberto Föhrig y al exjefe de gabinete, Marcos Peña. La causa duerme en Comodoro Py. 

El expediente caratulado como “Bullrich, Patricia y otros s/homicidio agravado por fuerzas de seguridad y otros” incluye trece causas judiciales vinculadas a más de cincuenta hechos que incluyen las muertes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. 

La causa la llevó la Jueza María Eugenia Capuchetti del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 5. Se inició en 2019 y hace menos de dos semanas decidió archivarla por falta de pruebas que demostrasen que hubo un plan sistemático de represión. 

Fue en el marco de las manifestaciones frente al Congreso donde se debatía la Ley de Reforma Previsional. La jornada del 14 de diciembre finalizó con 30 heridos (nueve de ellos policías) y 22 detenidos, además de múltiples daños materiales en la vía pública. Se denunció represión, uso de gases lacrimógenos vencidos, detenciones arbitrarias. La causa se archivó a la brevedad.

En 2017 compró cuatro lanchas israelíes con armamento de guerra por casi 50 millones de dólares. Según advirtió la Federación de la Industria Naval Argentina con el mismo monto se podrían haber construido localmente 20 lanchas similares, aunque sin el armamento. 

La empresa beneficiada es Codesur, perteneciente al empresario Mario Montoto, que es nexo de la ministra con las autoridades israelíes. La compra fue realizada en forma directa y sin ningún tipo de licitación previa. Cada lancha fue comprada a un costo equivale a unos 12,5 millones de dólares por equipo, una cifra elevada comparada a tres lanchas que licitó la Prefectura Naval Argentina un año antes, con un costo de USD 120 mil por unidad. La denuncia fue mediática, se supone que investigó el mismo gobierno y no llegó a tribunales. 

En julio de 2023, la justicia allanó e intervino la Fundación que dirige Patricia Bullrich, IEES, por supuestas irregularidades contables y lavado de activos. La causa está en curso.

También en el juzgado de María Eugenia Capuchetti cayó la denuncia realizada por el abogado Gregorio Dalbón por la represión a manifestantes durante la marcha de jubilados al Congreso, en donde arrojaron gas pimienta a los ojos de una niña de once años. 

Mariano Cúneo Libarona

En abril de 1997 Mariano Cúneo Libarona fue detenido por orden del juez federal Norberto Oyarbide. Lo imputó de los delitos de coacción agravada y encubrimiento y podría haber recibido una pena de diez años de prisión. Cúneo Libarona era el defensor del excomisario Juan José Ribelli, procesado como partícipe necesario en el ataque contra la sede de la mutual israelita, donde murieron 86 personas, el 18 de julio de 1994. 

Del despacho de Juan José Galeano, el juez de la causa por entonces, desapareció un video que comprometía al mismo juez y a otro acusado, Telleldín. Todos los cañones apuntaron a las manos misteriosas de Cúneo Libarona que estuvo, por tal razón, detenido durante 32 días. Quedó libre porque la Cámara cambió la carátula de coacción a amenazas. 

Lourdes Di Natale fue la esposa de Cúneo Libarona y además trabajaba como secretaria de Emir Yoma, el poderoso cuñado de Carlos Menem que sin tener cargo alguno, tenía un enorme poder dentro del gobierno menemista. Entre otros negociados, fue acusado de tráfico de armas -en una de las causas de corrupción más resonantes de los 90- y su abogado fue Cúneo Libarona. 

Lourdes declaró contra su ex jefe Yoma y fue quien aportó profusa documentación en su contra. Blanco de amenazas, vivió un infierno hasta que  apareció muerta sin que quede claro si fue un suicidio o un asesinato. Cúneo nunca fue acusado de nada en este caso, pero la connivencia con la denunciante y el denunciado, y el conocimiento profundo no solo de la causa sino de la forma de vida de Di Natale, con quien tuvo una hija, lo dejó en el blanco de las sospechas.