Farah vuelve a la Sala II de la Cámara Federal y recupera un lugar clave dentro de Comodoro Py
Un decreto que lleva la firma de Alberto Fernández dejó sin efecto los traslados que tuvo el juez y hoy retorna al estratégico emplazamiento, que completa su tercera "vacante" de forma definitiva.
En línea con lo que había anticipado Data Clave en noviembre del año pasado, finalmente el Poder Ejecutivo concretó el regreso de Eduardo Farah a la Cámara Federal, un lugar clave dentro del esquema de Comodoro Py.
A través de un decreto, el presidente Alberto Fernández dejó sin efecto los dos traslados que Farah tuvo: primero al Tribunal En lo Penal Económico 1 y después al Tribunal Oral Federal de San Martín.
Farah pasará a integrar nuevamente la Sala II de la Cámara Federal de Py, por lo que ahora son tres los jueces que la integran de forma definitiva: el presidente Martín Irurzun y el magistrado “más nuevo” Mariano Llorens. Cabe recordar que los trasladados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi estaban allí de forma provisoria hasta que se realice un concurso y se elija a los jueces que ocuparán ese lugar de forma definitiva.
Fue justamente el reclamo y la disputa que tuvieron Bruglia y Bertuzzi con el Gobierno lo que permitió el regreso de Farah. Los dos jueces judicializaron su lugar cuando el Ejecutivo comenzó con la revisión de los traslados. Eso derivó en el fallo de la Corte Suprema del año pasado que sostuvo que los traslados no son definitivos sino que siempre son transitorios.
Durante esa discusión, Farah ya había pedido volver. Su reclamo se intensificó luego del fallo de la Corte. El juez integró la Cámara Federal hasta 2018 y pidió por entonces su traslado a raíz de la causa que involucraba a Cristóbal López y a Fabián De Sousa. En ese entonces, Farah había procesado a los empresarios pero ordenó su liberación, lo que despertó críticas por parte del gobierno de Mauricio Macri y la apertura de diversas investigaciones. Una en el Consejo de la Magistratura y otra en la justicia penal, a través de las cuáles se buscó determinar si habían existido irregularidades en el fallo del magistrado, algo que nunca pudo probarse.
En diciembre del año pasado, el Consejo de la Magistratura había aprobado su regreso por 8 votos de los 12 consejeros presentes.