La comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, elaboró durante todo el 2020 una investigación sobre lo que denominaron “Espionaje ilegal” durante el gobierno de Cambiemos y lo paso a la firma. 

El cuerpo que preside el diputado Leopoldo Moreau concluyó en el periodo 2015-2019 se desarrolló “un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la persecución política”. 

“La conclusión es contundente, estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la persecución política”, consideró Moreau. 

El titular del cuerpo explicó que según la investigación de la Bicameral, durante la gestión de Mauricio Macri “se montó un estado paralelo, clandestino y secreto que se desarrolló a través de células paralelas en el propio estado”. 

Moreau sentenció que “la cabeza del espionaje ilegal” estaba en la propia AFI y “desde allí se hizo el reclutamiento de fuerzas”, principalmente de la policía de la ciudad dejando de lado la estructura profesional de la fuerza de inteligencia. 

“Arribas llevaba la información a la mesa judicial del presidente Mauricio Macri. Allí se decidía el destino que iban a correr las organizaciones espiadas. Esa mesa judicial era la que decidía en última instancia”, aclaró el diputado.

En concreto, el informe incluye evidencia sobre espionaje ilegal a 308 ciudadanos argentinos entre los que se encuentran la vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner y 170 organizaciones políticas, gremiales y religiosas.

Además, el oficialismo reclamó al Congreso la creación de otra comisión Bicameral pero para estudiar el accionar de la justicia en este entramado. “Pedimos una nueva comisión bicameral para analizar la participación de jueces, fiscales y hasta miembros de la Corte en esta estructura ilegal”, argumentó Moreau.

En este sentido, aseguró que los alcances de la Bicameral tendrá que determinarlo el Congreso pero advirtió que se observó que “un puñado de magistrados, sobre todo en Comodoro Py, llevaron su trabajo con este tipo de grupo de tareas”. Y remarcó como “indispensable” analizar la actuación del presidente de la Corte, Carlos Roszenkrantz y del procurador interino, Eduardo Casal. 

Por último, el senador Oscar Parrilli, miembro de la comisión, apuntó que “solo pudimos contrastar 308 casos, seguramente haya sido más, esto lo hicieron para poder llevar un plan económico de endeudamiento brutal del pueblo argentino”, cerró.