La causa donde se investiga el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri atraviesa momentos clave. Mientras se espera una resolución sobre la situación judicial de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el juzgado de Juan Pablo Augé tuvo que ser desinfectado luego de que se confirmara que el imputado Martín Coste y su abogado se habían infectado de coronavirus. La fiscal Cecilia Incardona está internada y su hisopado dio positivo.

Coste, ex jefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, había estado más de seis horas el viernes en el juzgado de Lomas para ampliar su indagatoria. Allí, volvió a apuntarle tanto a Majdalani como a Alan Ruiz y al rol que tuvo la Dirección de Jurídicos de la AFI, a cargo de Juan Sebastián Destéfano, un hombre cercano a Daniel Angelici.

Por supuesto que los dichos de Coste deben ser corroborados mediante pruebas e indicios, básicamente porque al ser una indagatoria, sus palabras se toman “con pinzas”. “Lo que dice un acusado nunca puede ser utilizado de manera única contra otro”, explican en Tribunales. Un testigo siempre está obligado a decir la verdad mientras que un imputado no tiene ese peso y tampoco está forzado a decir algo que pueda perjudicarlo. “Cualquiera puede mentir en su indagatoria y no puede ser culpado únicamente por lo que dijo o no, por eso es tan importante el contexto y las pruebas que se consigan”, sostienen personas cercanas a la causa.

Está claro que la estrategia de Coste se sostiene en esos tres pilares de responsabilidad: Majdalani, Ruiz y Destéfano. El ex jefe de Contrainteligencia detalló cómo se confeccionaron los documentos que luego fueron presentados en una causa judicial para deslindar cualquier tipo de sospecha sobre los operativos que se hacían en el Instituto Patria. Coste sostuvo que trabajaban bajo amenaza. 

No obstante, no fue el único que apuntó hacia Destéfano. Ayer, en la Comisión Bicameral, un espía también sostuvo que el rol que tenía Jurídicos en el tema seguimientos al Patria fue preponderante. Si bien esta declaración no tiene validez judicial por sí sola, puede ser remitida al expediente y ser utilizada como un indicio.En esta declaración, el espía marcó que recibía información parcial desde el área de Jurídicos y que esa dirección era la encargada de retirar todas las grabaciones que se hacían en la Dajudeco, la oficina que se encarga de las escuchas legales. 

También le apuntó a Darío Biorci, cuñado de Majdalani y jefe de Gabinete de la AFI: según el relato, una de sus responsabilidad eran tramitar los trabajos relacionados a las “alertas de terrorismo”. Justamente, bajo esa aparente fachada, se realizaron las distintas tareas de espionaje sobre el Patria y sobre Cristina Fernández de Kirchner. Para mañana, está citado a la Bicameral Destéfano, lo cual se espera con bastantes ansias debido a todos las declaraciones que se dieron antes y que apuntan contra él.

En Dolores también pasan cosas

Mientras tanto, en el expediente que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla, se están incorporando algunas cuestiones sobre los alcances que tenían esta asociación ilícita que integraba el falso abogado Marcelo D’Alessio y que se dedicaba a realizar aprietes, extorsiones y armados de carpetas, entre otras cosas.

La causa se adentró ahora en la posible existencia de un aparato para-estatal que también tenía claros puntos de conexión con la inteligencia. Esta semana, el abogado de Hugo y Pablo Moyano, Daniel Llermanos, presentó un escrito en Lomas para que una parte de la investigación de espionaje vaya hacia Dolores. Sostiene en esa presentación que la primera pauta sobre una operación en contra de los Moyano se dio en la investigación que tiene Ramos Padilla.