El juez federal Juan Pablo Augé sigue esta semana con las indagatorias en el tramo de la causa que investiga el espionaje realizado en las cárceles. El ex titular del ahora intervenido Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco intentó deslindarse de responsabilidades sobre las fichas que se encontraron de los presos. Por otra parte, el ex encargado de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano logró ganar un poco de tiempo y posponer su indagatoria, que estaba prevista para esta semana.

De Stéfano, hombre muy cercano a Daniel Angelici, tenía que responder por su responsabilidad en el espionaje carcelario pero también por lo sucedido con el Instituto Patria y los seguimientos a Cristina Fernández de Kirchner. Su defensa consideró que no habían tenido tiempo suficiente para defenderse de la segunda acusación y pidió pasar la indagatoria. Augé se lo concedió: tendrá que declarar por zoom el próximo 16 de diciembre.

Entre los abogados querellantes está la preocupación de que cualquier dilación pretendida por los imputados sea una forma de ganar tiempo mientras se define dónde se investigará todo el entramado de espionaje. La Cámara de Casación parece ahora más inclinada en darle a Comodoro Py el expediente completo pero aún no está la definición formal.

Mientras tanto, en Retiro, otra causa de espionaje tuvo movimientos. Es un expediente donde se investigan seguimientos a distintos jueces y juezas, en base a una nota que sacó en su momento Carlos Pagni. La causa era de Rodolfo Canicoba Corral. Cuando se jubiló, pasó a María Eugenia Capuchetti, que esta semana se inhibió de intervenir porque figuraba como una de las espiadas.

Además de ella, el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun y su colega Mariano Llorens; la integrante de la Casación Ana María Figueroa; los jueces Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Luis Rodriguez; la jueza con competencia electoral María Romilda Servini; y varios jueces de tribunales orales federales como María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Javier Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

En esta causa se investiga concretamente el ingreso al sistema de la Dirección Nacional de Migraciones para establecer los viajes al exterior de varias personas. Además de los y las magistradas, la sospecha es que se espiaron a diversos personajes del mundo político y social.