Espacios políticos opositores, organismos de derechos humanos y sectores sindicales en el penal federal de Ezeiza, donde se entrevistaron con genocidas como Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el "Pájaro" Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Adolfo Donda, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Masón.          

“Repudiamos la reunión mantenida por diputados y diputadas nacionales de La Libertad Avanza con militares y miembros de fuerzas de seguridad condenados por crímenes de lesa humanidad”, señaló el bloque de Diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) en un comunicado difundido por las redes sociales. El espacio parlamentario ratificó además “el compromiso con el respeto por la democracia” por “Memoria, Verdad y Justicia”.

En esa línea, el diputado nacional de UxP Ricardo Herrera presentó un proyecto de resolución, acompañado por una treintena de firmas del bloque, para expresar repudio por la reunión en el penal de Ezeiza.

“Este encuentro se inscribe en la búsqueda del oficialismo por relativizar los horrores del pasado. Frente a eso, reafirmamos nuestro compromiso por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y decimos que el único lugar para quienes planificaron y ejecutaron el terrorismo de Estado es la cárcel común y efectiva”, comentó la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau (UP), en la red social X.

La delegación libertaria que se hizo presente en la cárcel federal, el pasado 11 de julio, estuvo integrada Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro (uno de los dirigentes que estuvo muchos años cercano a Villarruel) y María Fernanda Araujo.

En la reunión estuvieron presentes otros represores del centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la ESMA y exagentes de inteligencia, todos sentenciados por delitos como secuestros, asesinatos y robos de bebés.

Uno de los participantes del encuentro fue el marino Adolfo Donda, quien recientemente fue condenado por la apropiación de su sobrina, Victoria Donda, exfuncionaria y actual legisladora del Parlasur.

Al respecto, el Comité Nacional de la UCR, presidido por Martín Lousteau, también se expresó en la misma línea, al sostener que dicha visita resulta un “hecho inédito” en la historia democrática reciente del país y constituye “una afrenta a las víctimas, sus familiares y a todo el pueblo argentino”.

La Unión Cívica Radical repudió hoy enérgicamente esta visita, y la calificó como un “hecho inédito” en la historia democrática reciente del país y constituye “una afrenta a las víctimas, sus familiares y a todo el pueblo argentino”.

A través de un texto difundido en redes sociales, el radicalismo se dirigió a estos legisladores y expresó que “deberían tener conciencia que visitar a genocidas y la charla amena con quienes violentaron los derechos más básicos de la ciudadanía es una afrenta a víctimas, familiares y a todo el pueblo argentino que decidió hace 40 años vivir en democracia y al amparo de la Constitución”.

Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo expresó “alarma” por este encuentro que mantuvieron diputados nacionales y genocidas, y lo calificaron como un episodio más del negacionismo que expresa el Gobierno de Javier Milei en relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado en los años ’70.  

“Nos alarma y preocupa el gesto de algunos Diputados de la Libertad Avanza que fueron a visitar a criminales de lesa humanidad, detenidos con todas sus garantías en la Cárcel de Ezeiza, a la vez que su Gobierno vacía las políticas de memoria construidas durante 40 años de democracia para consolidar el proceso de Memoria, verdad y Justicia”, subrayó Abuela por medio de un comunicado.

En ese sentido, recordaron que “represores como Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglialminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros de los genocidas que participaron de la reunión, fueron juzgados entre otros crímenes por la apropiación de nuestros nietos, jamás mostraron arrepentimiento sobre sus crímenes ni brindaron información alguna sobre el paradero de nuestros hijos e hijas, ni sobre los 300 nietos y nietas que estamos buscando”.

“Sería bueno que los Diputados exigieran a los detenidos información tan valiosa para llegar a la verdad que buscamos hace 46 años, y poder estar seguros de que los dirigentes elegidos por el pueblo sostienen las banderas del Nunca Más”, puntualizaron desde la entidad que encabeza Estala de Carlotto.

Para la CTA Autónoma, “esta visita de supuestos representantes de la democracia argentina a genocidas es una afrenta más, e implica el desprecio que tienen por el pueblo argentino y la historia que construimos en 40 años de democracia”. 

“A esto se le suma que Alfredo Astíz es uno de los mayores símbolos de la represión, la tortura, el robo de bebés y la desaparición forzada y sistemática de nuestros compañeros y compañeras, quien además se infiltró en la organización Madres de Plaza de Mayo, un símbolo de la historia de lucha de nuestro pueblo”, afirmaron.

 A modo de descargo, diputados nacionales de LLA ratificaron la realización de esta actividad, y negaron haber concurrido a “visitar represores”, al alegar que se entrevistaron con “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”.

Una de esas “batallas” pudo haberse librado –según la visión de los legisladores— en la Iglesia de La Santa Cruz, en diciembre de 1977, donde Astiz y grupos de tareas de la ESMA participaron de los secuestros y desapariciones de 12 personas que recaban información sobre los detenidos.

Entre las víctimas de ese hecho se encontraban a las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Villaflor; las monjas francesa Alice Domon y Léonie Duquet; los militantes Ángela Auad, Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo; y los familiares Remo Berardo, Horacio Aníbal Elbert y José Julio Fondevila.

En un comunicado, que circuló entre periodistas, los legisladores sostienen haber estado en la cárcel porque “no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio”.

Asimismo, indicaron que “los fallos violan las leyes y los tratados” y que no hay “terroristas presos” pero sí “héroes de Malvinas” y personas que, desde hace 20 años, “no tienen condena firme”.

“¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. Los cargos no han sido probados, muchos son inventados. Les duele la visita humanitaria. Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas y el Presidente (Javier Milei) combate en la política a esta ideología. ¿Cuál es su última guarida? El Poder Judicial y los vamos a combatir denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa en el Consejo de la Magistratura”, sentenciaron.

El motivo de la reunión habría sido comenzar a diseñar estrategias para lograr que algunos genocidas empiecen a recuperar sus libertades, algo que desde hace años viene impulsando la vicepresidenta Victoria Villarruel, de aceitados vínculos con represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Esta visita no es un hecho inédito en la vocación negacionista que exhibe el gobierno libertario de Milei. En marzo de este año, funcionarios del Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri se hicieron presentes en el penal de Campo de Mayo, donde están alojados varios represores condenados.

La delegación de la cartera de Defensa estuvo encabezada por Lucas Miles Erbes, director nacional de Derechos Humanos de ese Ministerio.

La comitiva se entrevistó en el penal con Juan Daniel Amelong, un célebre represor del Segundo Cuerpo de Ejército que tiene varias condenas por delitos de lesa humanidad y fue descripto como “una víctima” por Villarruel en el debate televisivo que mantuvo con Agustín Rossi, en la campaña electoral del año pasado.

Este exoficial del Ejército torturó, secuestró y mató en el Destacamento 121 de Inteligencia con sede en Rosario, y la Cámara de Casación Penal rechazó recientemente un pedido formulado por su defensa para acceder al beneficio de la libertad condicional.