Escándalo cripto: ¿qué herramientas tiene la Oficina Anticorrupción para investigar el caso?
El presidente Javier Milei ordenó por decreto la apertura de la investigación que lo tiene en el centro de la escena. Los señalamientos a un organismo cuyas autoridades son elegidas por mismo gobierno y qué oportunidades tiene en el caso de que existiese una voluntad real de indagar.
Luego del escándalo con la criptomoneda $LIBRA que “difundió” el presidente Javier Milei, esta semana el jefe de Estado instruyó a la Oficina Anticorrupción para que lleve a cabo las investigaciones necesarias "a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción". En paralelo, se estableció la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) dentro del Ministerio de Justicia, con el propósito de recolectar información sobre el criptoactivo $LIBRA y "colaborar de manera ágil con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal".
Milei había anticipado esta medida, que generó diversos cuestionamientos en el arco político, dado que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y dudan de su independencia a la hora de investigar. Inclusive, su titular, Alejandro Melik, es un exsocio del ministro Mariano Cuneo Libarona. Ambos formaron parte del equipo de abogados defensores de Guillermo Coppola que logró la absolución en el caso del jarrón.
“Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”, señalan desde la página de la Oficina Anticorrupción sobre su rol.
Cabe recordar que en el gobierno de Alberto Fernández se había decidido quitar a la Oficina Anticorrupción del ámbito de Justicia, para que trabaje como un organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación. Con la llegada de la administración de Javier Milei, continuó siendo un organismo desconcentrado, pero volvió quedar bajo el ala del Ministerio que hoy conduce Cuneo Libarona.
En el caso de que la Oficina Anticorrupción tuviese la voluntad real de investigar el caso de la criptomoneda que tiene como principal apuntado al presidente de la Nación, cuenta con diversas oportunidades y limitaciones para hacerlo. Según la Fundación Poder Ciudadano, el organismo tiene la posibilidad de “demostrar su utilidad, llevando adelante una investigación administrativa para indigar si existieron conductas impropias, y colaborar con la justicia”.
Sin embargo, entre las limitaciones que posee el órgano “desconcentrado”, resaltan que el nombramiento del titular lo hizo el mismo presidente, que cuenta con un presupuesto cada vez más limitado y que su rol suele verse limitado por decisiones políticas.
Entre las acciones que puede llevar a cabo la Oficina, destacan que puede iniciar una investigación administrativa sobre negociaciones incompatibles con la función pública, vínculos con el financiamiento político y conflictos de intereses.
En este marco, la fundación resalta cinco puntos que podrían impulsar desde la OA: citar a funcionarios a prestar declaración sobre los acontecimientos; investigar potenciales conflictos de intereses por parte del Poder Ejecutivo; solicitar información al gobierno sobre reuniones, documentos, chats, etc.; recibir información de particulares, inclusive resguardando la reserva de la fuente; y citar a involucrados en el caso, como desarrolladores, estafados, testigos y expertos en el tema.
El abogado constitucionalista y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Sabsay, se mostró en desacuerdo con la intervención de la Oficina Anticorrupción. "Si el controlante es dependiente del controlado, el resultado ya lo sabemos", expresó Sabsay, al tiempo que expresó: "Es como si (Milei) se estuviera investigando a sí mismo".