Entre la urgencia y la necesidad de llegar a un acuerdo social
Más allá de las cuestiones cortoplacistas, lo relevante será el contenido de las reformas estructurales. Se pone en juego la política impositiva, subsidios y el desarrollo del mercado local de capitales, entre otras cuestiones.
Los países que reciben desembolsos del FMI no pueden utilizar esos fondos para venderlos en el mercado de cambios para que no se dispare la cotización del dólar. Las alternativas que ofrece el organismo son: aplicar un cepo (controles en el mercado cambiario) o dejar que el dólar flote libremente, produciendo una fuerte devaluación de la moneda. Entre junio de 2018 y octubre de 2019, se recibieron desembolsos por u$s44.868 millones. De ellos, aproximadamente u$s28.375 millones se usaron para cancelar deuda pública.
Es decir, el 63,2% se destinó a cumplir con vencimientos. No obstante, hubo otros u$s16.493 millones que no tuvieron como finalidad la cancelación de deuda. Por un lado, el BCRA vendió en el mercado de cambios u$s11.160 millones de dólares: el equivalente al 24,8% del préstamo con el FMI. Y por otro lado, el Tesoro Nacional vendía mediante una subasta diaria 60 millones de dólares. Entre marzo de 2019 hasta Agosto de 2019, en el acumulado, el Tesoro vendió un total de u$s5.333 millones (11,8% del total del préstamo al FMI).
Si bien no puede hablarse de fuga de capitales porque con esos dólares que vendía el Tesoro se conseguían pesos para cubrir el déficit fiscal (buscando “tranquilizar el mercado cambiario” y se utilizaban los dólares del préstamo para cancelar obligaciones en pesos), este tipo de maniobras expone de manera clara el fuerte problema de raíz fiscal que se acarrea, que no hay soluciones fáciles para afrontarlo y que postergarlas nos lleva a un escenario cada vez más complejo.
Un ejemplo muy tajante de las consecuencias en los desequilibrios de los fundamentos de nuestra economía, lo tenemos en el mercado de bonos, que caen incluso en medio de un repunte en los precios de la soja. Muchas veces estas señales revelan mucho más que el conocer, que nuestra economía, se contrajo alrededor de un 10% en 2020, que hay una inflación proyectada del 50%, un desempleo de dos dígitos o un déficit fiscal que se disparó el año pasado a niveles más altos que en 1993. Señales como estas, demuestran cuáles son las tendencias que se ven desde afuera hacia el mediano y largo plazo.
Hoy, a pesar de la incertidumbre a nivel local e internacional por la cuestión sanitaria que replica en lo económico (entre otras variables en juego), hay coincidencias entre el FMI y el gobierno argentino sobre el marco macroeconómico que se necesita para que el país pueda corregir los desequilibrios. ¿Qué es lo que falta? Acuerdos sobre las formas para lograrlo. La inflación, el desequilibrio fiscal y monetario son cuestiones que preocupan al organismo. En efecto, piensan que se debe hacer un ajuste más eficiente para llegar a la meta del 4% del PBI y que esto debe lograrse no sólo por intermedio de un aumento de la presión impositiva.
Más allá de las cuestiones cortoplacistas, lo relevante será el contenido de las reformas estructurales (su negociación y su aplicación) que forman parte de un acuerdo de facilidades extendidas. Sobre esa mesa entrarán en juego desde cuestiones tales como la política impositiva, subsidios o el desarrollo del mercado local de capitales, hasta otras cómo productividad, inversión y eficiencia del sector público.
Ahora bien, en una mesa con todos esos componentes, está más que claro que los tiempos para cerrar un acuerdo no serán cortos y la búsqueda de un consenso interno será fundamental para tener éxito. Más aún con las tensiones lógicas que aparecen en cualquier año electoral.
Dado este último punto, hay quienes pretenden o creen, que el acuerdo podría extenderse hasta después de octubre debido a los buenos términos de intercambio y la posibilidad de que el gobierno reciba una inyección de recursos por los derechos especiales de giro. No obstante, lo cierto es que el 22 de septiembre hay un vencimiento de u$s1.800 millones de capital del Stand by (2018) y por otra parte, el estatuto del FMI no tiene flexibilidad para que los pagos se aplacen aún más, sin que el país entre en default.
¿Qué consecuencias podría haber con este atraso? Como primera medida, la tensión que se podría generar y la inestabilidad financiera. El FMI apuntará a que la economía argentina se recupere para que pueda afrontar sus obligaciones (y recuperar reservas genuinas) pero, en un contexto de crisis tan severo y tan particular a nivel mundial, es difícil que vayan a ser más flexibles con la Argentina que con otros países.
Por otra parte, si las reformas no se realizan, el problema con las reservas y los problemas de índole cambiarios y fiscales, entre otros, se agudizarán complicando seriamente la recuperación y, fundamentalmente, la sustentabilidad de la misma. Es muy poco probable que estas reformas se den de manera gradual o que pueda existir un plazo mayor, más aún si post cuarentena, se mantiene la tendencia a la suba de la recaudación.