El plantazo del Gobierno al presidente de la Corte Suprema
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, anunciaron a través de una carta que no concurrirán a la reunión convocada por Carlos Rosenkrantz por las causas de lesa humanidad. En el texto, lo califican de "oportunista".
A través de una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema, Marcela Losardo y Horacio Pietragalla comunicaron su decisión de "declinar respetuosamente" la invitación a la próxima reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad.
El texto de los funcionarios le agrega tensión a la compleja relación que el Gobierno hoy mantiene con la el titular del máximo tribunal. Una tensión que crece a pasos agigantados desde que la Corte aprobó el per saltum que habían presentado los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Después de eso, Alberto Fernández se mostró muy critico para con el organismo y una representante del kirchnerismo en la Cámara baja llegó a pedir el juicio político de Carlos Rosenkrantz.
En la carta presentada ayer se estampan las firmas de la ministra de Justicia de la Nación y el Secretario de Derechos Humanos. "En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos —que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia—, no deja de resultar oportunista", asegura la misiva.
Indican además que "los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento", del que responsabilizan justamente a la Corte Suprema de Justicia. Para los funcionarios, el desempeño de los jueces en esta materia "ha sido de enorme retroceso".
Finalmente, Losardo y Pietragalla reclamaron de la Corte una respuesta "categórica" y sostuvieron que una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias de este tipo; sino en un "desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos".