El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, fue notificado de que la auditoría se realizará de manera presencial en el Rectorado y en la Facultad de Ciencias Económicas. En total, cuatro auditores revisarán la aplicación de fondos transferidos por la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los convenios firmados con organismos del Poder Ejecutivo. Además, se evaluarán los circuitos administrativo-financieros y los controles internos de la universidad.

La SIGEN, organismo dependiente de la Presidencia, ya le pidió a Gelpi que designe a un responsable como enlace para facilitar la documentación requerida por el equipo auditor, además de asegurar un espacio físico donde puedan realizar el análisis. Toda la documentación sobre contratos, uso de fondos y controles internos estará bajo la lupa.

Este proceso de fiscalización llega en un contexto de tensiones entre el Gobierno y las universidades nacionales. El veto presidencial a la ley de financiamiento universitario encendió protestas que incluyeron tomas de edificios y paros docentes. A pesar del malestar, el gobierno de Milei insiste en la necesidad de auditar el uso de los recursos públicos. "No queremos cerrar las universidades, las queremos cuidar, y para eso hay que auditarlas", aseguró el presidente en declaraciones recientes.

El dictamen de la Procuración del Tesoro, encabezada por Rodolfo Barra, fue clave para habilitar a la SIGEN en esta tarea. Según el texto, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.º 24.156 es aplicable a las universidades, aunque siempre respetando su autonomía. Hasta ahora, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano dependiente del Congreso, tenía esta potestad.

Desde el gobierno, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, señaló que la idea de auditar las universidades surgió en la Subsecretaría de Políticas Universitarias. En una entrevista, aclaró que el foco está en que las universidades respeten los procedimientos de compra y los estándares del sector público. "Se trata de exigir el mismo control que se pide a cualquier organismo del Estado", dijo el ministro.

Las declaraciones del presidente sobre la "universidad gratuita como un subsidio de pobres a ricos" caldearon aún más los ánimos. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, salió al cruce de estas palabras, defendiendo el rol social de la universidad pública. "Más de la mitad de nuestros estudiantes son los primeros en sus familias en acceder a estudios superiores. Sería bueno que el presidente conozca la realidad de primera mano", respondió Yacobitti.

La SIGEN comenzará su trabajo en la UBA, pero no será la única universidad bajo escrutinio. La auditoría abarca a todas las casas de estudios que reciben fondos del Estado. El conflicto por el financiamiento sigue escalando, mientras el gobierno asegura que no busca desmantelar el sistema universitario, sino fortalecerlo mediante controles más rigurosos.