La causa Correo Argentino SA sigue sin definirse y será la Corte Suprema de Justicia la que destrabe el proceso donde se decretó la quiebra -no firme- de la empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje. 

El concurso de acreedores se inició en 2001 cuando la empresa ya había dejado de pagar hace varios años el canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda; un acuerdo que no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.

Pero ahora, la Cámara Comercial, con el voto de Matilde Ballerini y María Elsa Uzal, resolvió suspender el proceso hasta que el Máximo Tribunal dirima el conflicto jurisdiccional generado, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se erigiera como instancia de alzada de la Cámara Nacional.

Se trata de un conflicto sobre la admisibilidad de los recursos locales de inconstitucionalidad impulsados por la firma contra las decisiones de la Cámara Comercial, que desestimaron "in limine" las recusaciones de la jueza Marta Cirulli -quien decretó la quiebra- y de la fiscal Boquin.

En este sentido, la camarista María Elsa Uzal reconoció la "extensión en el tiempo" del proceso que tramita hace más de 20 años, pero advirtió los "sendos conflictos" que aún no ha sido resuelto por la Corte Suprema. "Considero que adoptar una postura contraria no solamente comprometería garantías constitucionales, sino que podría derivar en mayores y aún peores dispendios de actividad jurisdiccional", concluyó.