El gobierno nacional le comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a una denuncia contra Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La Cancillería emitió un comunicado en donde expresa: “En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021”. 

“Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, finaliza el tuit del Ministerio encabezado por Diana Mondino. 

X de Cancillería Argentina 🇦🇷

La demanda se inició en 2018, cuando en Argentina gobernaba Mauricio Macri. La misma fue firmada por Canadá, Chile, Colombia y Perú, para que se investigara al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela por supuestos delitos de lesa humanidad. Esta fue la primera vez que un grupo de estados se reunió para demandar a un tercero ante la Corte Penal Internacional, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. En 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, se decidió retirarse de la demanda, el mismo día que se anunció la salida del Grupo de Lima. 

La denuncia incluyó 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA, además de relatos de víctimas y familiares e informes entregados por más de 40 ONGs de Venezuela e internacionales. El documento señala que hubo 131 asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado; identificó 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015; más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013.

La resolución del gobierno se da en medio de la tensión con Maduro, quien calificó en la semana a Milei de “malparido” y lo responsabilizó de querer “boicotear” los comicios en Venezuela. El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que el mandatario venezolano “es un personaje que siempre ha sido un dictador y sus palabras no ameritan un análisis”.