El gobierno nacional continúa con su agenda de ajustar a las empresas estatales y vuelve sobre los retiros voluntarios. A pesar de haber quedado afuera de las empresas a privatizar en la Ley Bases, Aerolíneas Argentinas lanzó un nuevo plan para desprenderse de 500 empleados en busca de reducir el déficit operativo de este año. 

La empresa comenzó con el “plan de retiro gratificado” a principios de marzo, una medida que no había sido adoptada en más de 15 años. Los requisitos para participar eran “formar parte del staff de tierra, operativo o administrativo), poseer una antigüedad mayor a dos años y no estar dentro del plan de acuerdo prejubilable". Hasta mayo, que se cerró el plan, se anotaron un total de 200 trabajadores de su personal de tierra, de los 8.000 que estaban en condiciones de hacerlo. 

En la actualidad, cuentan con 11.500 empleados y con este nuevo plan esperan que se anoten otras 500 personas. El plazo de adhesión se extenderá hasta el 2 de agosto próximo y, en este caso, la propuesta será en base al salario y la antigüedad y se abonará en un solo pago. El objetivo de la línea aérea es reducir el déficit operativo para este 2024 a 150 millones de dólares, la mitad de lo registrado en el 2023, donde se gastaron 390 millones. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es otro de los lugares en los que se extendió el plan de retiro voluntario. Las autoridades buscan una reducción del 30% de su personal y, en ese marco, decidieron prorrogar hasta el 26 de julio el plazo para inscribirse. A través de comunicado, el organismo señala que este sistema está orientado a “posibilitar, al solicitante, desempeñarse en la actividad privada o la realización de proyectos particulares, con la posibilidad de reingresar al sector público después de 5 años”. Hasta el momento, un total de 313 empleados del INTI aceptaron la propuesta. 

En lo que es Ferrocarriles Argentinos, en abril se lanzó un plan dirigido a los trabajadores de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), empresa encargada de los trenes de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de los servicios regionales. Con 23 mil empleados, es la firma con más puestos de trabajos en todo el país. La propuesta consistió en un mes de indemnización por cada año trabajado, más los meses de vacaciones y otros ítems. Se esperaba que el mismo plan se extendiera en Belgrano Cargas y Logística, firma con la segunda plantilla más numerosa con 4.200 empleados. Fuentes oficiales le confirmaron a Data Clave que hubo casos dentro de Ferrocarriles donde empleados aceptaron el retiro voluntario, pero fueron reincorporados al servicio ya que “no hay plata en este momento para pagarles”. 

En medio de este panorama, el pasado viernes fue designado Federico Canedi como nuevo presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) y de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF). Tanto SOFSE como Belgrano Cargas quedaron dentro de las ocho empresas en condición de ser total o parcialmente privatizadas o concesionadas. 

Otra de las empresas apuntadas es el Correo Argentino, luego de que el Senado la quitara de las compañías incluidas para su “privatización parcial o concesión”. Hasta mayo, la empresa logró que acepten el retiro voluntario 2.000 empleados, mientras que a otros 1.100 no les renovaron los contratos que fueron venciendo los últimos cinco meses. En total, el gobierno pretende dejar afuera de la empresa a más de 7.000 empleados, de los 16.850 que tenía cuando asumió Javier Milei.