En un contexto marcado por la controversia, Nahuel Sotelo, flamante secretario de Culto y Civilización, ha expresado su rechazo a la Ley de Identidad de Género. Sotelo, cercano al presidente Javier Milei, ha dejado clara su intención de enfrentar lo que denomina "agendas del lobby internacional", sugiriendo un viraje en las políticas del Estado argentino hacia posturas más conservadoras en materia de derechos humanos y diversidad. “Si vos tenés 18 años, naciste Juan y querés ser Juana no hay ningún problema mientras no utilices al Estado para eso”, señaló, refiriéndose a su oposición a que el Estado financie procedimientos de cambio de género.

Esta semana, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya había declarado que su gestión rechaza la diversidad de identidades sexuales que no se alineen con la biología, calificándolas de "inventos subjetivos". Sus palabras, dichas ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, desataron un fuerte repudio de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. “Es inaceptable que el ministro de Justicia de la Nación posicione su mirada personal y subjetiva por encima de lo que establece nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales en materia de derechos humanos”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En respuesta a las declaraciones de Cúneo, Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación por el impacto que este tipo de discurso puede tener en una sociedad que, si bien ha avanzado significativamente en términos de derechos humanos, aún enfrenta desafíos en la aceptación y el respeto de la diversidad. Según la organización, los comentarios de Cúneo no solo desinforman al público, sino que también promueven la discriminación y perpetúan estigmas negativos hacia las personas trans. 

Amnistía Internacional enfatizó la importancia de que figuras públicas, especialmente aquellas con influencia en los medios de comunicación, sean conscientes de su responsabilidad y del poder que tienen sus palabras para moldear la opinión pública y fomentar una cultura de respeto y aceptación.

También subrayó que los comentarios de Cúneo contravienen los principios fundamentales de la Ley de Identidad de Género de Argentina, una legislación que ha sido elogiada a nivel internacional por su enfoque progresista y respetuoso de los derechos humanos. La organización instó a los líderes de opinión y a los medios de comunicación a no difundir mensajes que puedan incitar al odio o la violencia contra cualquier grupo, y recordó que la promoción de la igualdad y la no discriminación es un principio esencial para el desarrollo de una sociedad justa y democrática. En este sentido, Amnistía destacó que los derechos de las personas trans no son negociables y que cualquier intento de cuestionarlos o deslegitimarlos constituye un retroceso en la lucha por la igualdad y la justicia social.

Qué dice la Ley de Identidad de Género

La Ley de Identidad de Género de Argentina (Ley 26.743), sancionada en 2012, es considerada una de las más avanzadas a nivel mundial. La norma es una de las más progresistas del mundo en relación con los derechos de las personas trans. Esta ley permite que cualquier persona pueda cambiar su nombre, imagen y sexo en los documentos de identidad para que coincidan con su identidad de género, sin necesidad de autorización judicial, diagnósticos médicos o cirugías previas. Esta legislación reconoce que la identidad de género es una vivencia profundamente sentida y personal, que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer.

Uno de los aspectos más revolucionarios de esta ley es el acceso garantizado a la atención integral de la salud para personas trans. Esto incluye la posibilidad de realizar tratamientos hormonales y de adecuación quirúrgica del cuerpo, según lo desee cada persona, en el sistema público de salud de manera gratuita y sin discriminación. La normativa establece que los servicios de salud, tanto públicos como privados, deben ofrecer estos tratamientos sin considerar la identidad de género de una persona como una enfermedad o patología.

Además, la ley protege los derechos de los menores de edad, estableciendo que pueden acceder al cambio de nombre y género en sus documentos con el consentimiento de sus representantes legales. Si hay desacuerdo entre el menor y los representantes, la situación puede ser resuelta con la intervención de un juez, siempre considerando el interés superior del niño y respetando su derecho a ser escuchado. De esta manera, la ley de identidad de género reconoce y respalda la autonomía y los derechos fundamentales de todas las personas, promoviendo una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad.

En esta misma línea, Argentina ha adoptado medidas como la sanción del matrimonio igualitario en 2010, siendo el primer país de América Latina en aprobarlo. Estos avances fueron reconocidos internacionalmente como reflejo del compromiso del país con la igualdad y los derechos humanos. La actual postura del gobierno, según los críticos, podría representar un retroceso en estos derechos, alimentando discursos de odio y discriminación.

Otro aspecto en discusión es la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). Sotelo ha manifestado su apoyo a una educación sexual que se limite a aspectos biológicos, excluyendo la enseñanza sobre la diversidad de género. Esta postura contrasta con el enfoque inclusivo de la ESI vigente en Argentina, que no solo informa sobre biología, sino que también promueve el respeto por la diversidad y la igualdad de género, enseñando sobre consentimiento y relaciones saludables.

Diversos sectores de la sociedad han reaccionado a las declaraciones de Sotelo y Cúneo Libarona, manifestando su preocupación por un posible retroceso en los derechos adquiridos. Activistas y organizaciones de derechos humanos han organizado manifestaciones y campañas en redes sociales para rechazar lo que consideran un ataque directo a los derechos de las personas LGBTIQ+. Argumentan que las palabras de los funcionarios públicos no solo violan las leyes nacionales e internacionales, sino que también fomentan un clima de hostilidad hacia las diversidades.

Desde la oposición política también han surgido críticas hacia las declaraciones de los funcionarios. Legisladores de distintos bloques han expresado su repudio y han exigido al gobierno garantizar el respeto por los derechos humanos. Señalan que las opiniones personales de los funcionarios no deben influir en las políticas públicas, que deben alinearse con la Constitución y los tratados internacionales que Argentina ha suscrito.

En este contexto, el presidente Javier Milei ha sido objeto de análisis y cuestionamientos. Si bien recientemente se ha acercado al Papa Francisco, mejorando la relación con el Vaticano, las posturas de su gobierno en materia de género y diversidad continúan generando controversia. La comunidad internacional observa con atención la situación en Argentina, en un momento en que los discursos conservadores parecen ganar espacio.

El desafío para el gobierno de Milei es cómo conciliar sus posiciones ideológicas con el respeto a los derechos humanos y los compromisos internacionales. Las declaraciones recientes de sus funcionarios indican una posible inclinación hacia políticas más conservadoras, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de los derechos de género y diversidad en el país.

La situación en Argentina también podría influir en otros países de la región. Históricamente, Argentina ha sido un referente en materia de derechos LGBTIQ+ en América Latina, y cualquier cambio en su política podría tener repercusiones más allá de sus fronteras. La comunidad LGBTIQ+ y los defensores de los derechos humanos en toda la región observan con preocupación los desarrollos en el país.

Ante este escenario, la sociedad civil argentina se prepara para defender los derechos conquistados. Organizaciones de derechos humanos y activistas han reiterado su compromiso de luchar por la igualdad y el respeto a la diversidad. La Federación Argentina LGBT ha subrayado la importancia de no retroceder en los derechos obtenidos, afirmando que estos son un reconocimiento de la dignidad humana y no un privilegio.

La controversia desatada por las declaraciones de Sotelo y Cúneo Libarona pone de relieve un enfrentamiento ideológico en el corazón del gobierno argentino. En los próximos meses, será crucial observar cómo se desarrollan estos debates y qué medidas adoptará el gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos y la diversidad en el país. La comunidad internacional, la sociedad civil y los organismos de derechos humanos seguirán atentos a estos acontecimientos, con la esperanza de que los principios de igualdad y no discriminación prevalezcan.