El Gobierno extendió el programa de asistencia escolar denominado “Vouchers Educativos” hasta fin de año, pero mantendrá los montos actuales sin una actualización en función de la evolución de la inflación, y el beneficio será sólo para quienes lo tengan incorporado.

La decisión de la Secretaría de Educación se dio a conocer a través de la Resolución 488/2024, publicada en el Boletín Oficial, precisando que “con el objeto de fortalecer el acompañamiento a las familias resulta necesario ampliar la cobertura del Programa”.

De esta manera, se resolvió prorrogar el período de cobertura del plan asistencial hasta el mes de diciembre de 2024 para todos aquellos que hayan resultado adjudicatarios, tras haberse completado el cronograma de pagos estipulado en su lanzamiento.

La iniciativa establecía originalmente que la prestación se otorgaba en dos o en tres cuotas mensuales finalizando su cobertura con la puesta al pago del mes de julio del corriente año.

El gobierno tomó esta medida luego de negar una extensión a principios de mayo, que fue pedida por los colegios privados, pero ahora cambió su criterio y decisión una extensión sin una actualización complementaria.

Desde la cartera educativa aclararon que “la medida, no se trata de una nueva inscripción, sino que alcanza a quienes ya tienen otorgada la asistencia, al tiempo que no implica un cambio en los montos asignados, y tiene como objetivo principal fortalecer el acompañamiento a las familias y alumnos”.

Fuentes oficiales precisaron que “el pago continuará por intermedio de la Administración Nacional para la Seguridad Social (ANSES), tal como se ha efectuado hasta el momento”.

De acuerdo a los datos aportados por el área que encabeza Carlos Torrendell, en julio el Programa asistió a 833.211 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario “para asegurar la continuidad en sus trayectorias educativas”.

El plan gubernamental consiste en una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos de hasta 18 años de edad asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supere los 7 salarios mínimos, vitales y móviles.

En la normativa que extendió el plazo de vigencia se puntualizó que el programa “fue creado para asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones”.