El Gobierno nacional enfrenta el segundo paro general de la CGT con una postura que conjuga miradas y actitudes que conllevan contradicciones. Mientras algunos funcionarios intentan descalificar los motivos de la huelga y poner en acento en las críticas a los dirigentes sindicales, en otro sector del oficialismo se teme, que la masividad de la acción sindical pueda complicar las negociaciones con los senadores por la ley Bases.

En las horas previas al inicio de la huelga general, el presidente Javier Milei posteó en sus redes sociales una foto fake en la que portaba una remera que llevaba impresa la frase “Yo no paro”, en línea con el mensaje que el sector más duro del gobierno pretende enviar a la sociedad, y que apunta a estigmatizar a algunos gremialistas. En esa línea, el principal apuntado es el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, blanco elegido por las huestes libertarias que pululan por las redes lanzando memes y descalificaciones.

Parte del relato oficialista se basaba esta mañana en lanzar las cifras de las supuestas pérdidas económicas que ocasionaría la medida de fuerza. En los medios afines al gobierno se hablaba anoche de un costo de 1500 millones de dólares y se remarcaba que 6 millones de personas se quedaran sin transporte y 700 vuelos iban ser cancelados.

En esa línea, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó la medida de fuerza como “político partidaria” y recordó que durante la gestión de Alberto Fernández no hubo paros generales por parte de la CGT y la administración de Milei ya acumula dos en cinco meses de gestión.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich era en las primeras horas de la medida de fuerza, la voz cantante de un gobierno que intentaba mostrarse fuerte e inconmovible ante la huelga general. “El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves”, escribió la Ministra en sus redes. “Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos”, remarcó.

Más tarde, se refirió a la situación en el transporte de colectivos, sobre todo en el impacto que tendría la medida de fuerza en el AMBA. “¡ARRANCÓ LA MAFIA! No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar. Llamá al 134 y denunciá”, señaló la titular de la cartera de Seguridad en relación a la línea habilitada por el gobierno para que los ciudadanos denuncien presuntos “aprietes y extorsiones” por parte de los activistas sindicales. El posteo era acompañado con fotos de colectivos de líneas que no paraban y que habrían sido atacados a piedrazos en las horas previas al paro de hoy.      

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X de Anto Bartolozzi ✨

El Gobierno difundió que hoy los ministros mantuvieron una reunión de Gabinete para seguir la evolución de la medida de fuerza, en lo que parece ser la única actividad oficial confirmada.

El Ejecutivo anunció además que descontará el día a los trabajadores estatales que adhieran a la medida de fuerza y advirtieron que las organizaciones que se movilicen “deberán afrontar los gastos” de la seguridad. Esto último se anunció ante otras protestas, pero hasta el momento no se hizo efectivo contra ninguna agrupación, gremio o partido político que se haya propiciado marchas contra el gobierno libertario.       

No obstante, el oficialismo optaba por apelar a la épica de los que querían trabajar. “Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro”, señaló en sus redes el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje publicado en sus redes sociales que parecía conjugar un sentimiento de simpatía y otro de advertencia para con los asalariados.  

“Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad. La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no mal gastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos. Sigamos confiando, estamos por el buen camino”, remarcó el titular de la cartera económica.

Una parte del oficialismo no parece preocuparse por el impacto que tendrá la medida de fuerza en la calle, pero mantienen en cambio las alarmas encendidas sobre las repercusiones que pueda haber en los pasillos del Congreso, más concretamente en el Senado.

La fracción política del Ejecutivo que lleva las negociaciones por la ley Bases, teme que una medida de fuerza contundente pueda generar dudas entre los sectores de la oposición dialoguista en la Cámara alta. La secretaría General de la Presidencial Karina Milei trabaja en las últimas horas activamente en “el poroteo” de los votos que se necesitan para lograr la aprobación del proyecto. Pero tras las discusiones que se desarrollaron ayer en el plenario de comisiones del Senado, quedó claro que son serias las posibilidades de que la iniciativa tenga modificaciones cuando sea tratada en el recinto y deba volver a Diputados.