El Gobierno nacional se presentó ante la Corte Suprema de Justicia en busca de dar vuelta con un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, según informó la agencia oficial Telam. 

La presentación fue hecha por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo equipo de abogados representa al Estado con el liderazgo del ex funcionario menemista Rodolfo Barra. Según comentó la agencia de noticias, la redacción del texto ante la Corte “incluye críticas a la justicia laboral y la Confederación General del Trabajo”.

“No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora”, argumenta el documento que elaboró la procuración del tesoro.

El equipo de letrados de Barra sostienen que “tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar”.

Las resoluciones judiciales favorables a los pedidos de la CGT están sostenidas por la injusticiada “necesidad y urgencia” del DNU por eso el Ejecutivo se centra en cuestionar este aspecto. “El texto del artículo 99 de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad”, señala.

Sobre esto, el Gobierno advierte que “el Tribunal toma un elevado e injustificado piso de ponderación respecto a la necesidad y urgencia que habilita al PEN a emitir un DNU. Tenga presente que la norma emitida y el proyecto de ley enviado pretenden modificar el marco regulatorio actual y el rol que debe tener el Estado”.

“A modo de ejemplo, por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa”, sentencia la presentación que hizo Barra en nombre de los abogados del Estado.

El Gobierno juega sus fichas en sostener el DNU en la Justicia mientras pisa todo lo posible los tiempos en el Congreso. A pesar del constante impulso que Unión por la Patria intenta darle a un posible rechazo parlamentario.