El gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, apeló este martes el fallo del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata que ordenó el cese de la explotación petrolera offshore en las costas de la ciudad, por parte de la empresa Equinor.

En la presentación, Nación acusó al magistrado Santiago Martín de realizar una "paupérrima valoración" de los hechos y detalló que Equinor se presentó a concurso público para la adjudicación de los permisos de exploración y presentó los correspondientes estudios de impacto ambiental.

Explicaron que la exploración de hidrocarburos "que tanto preocupa al juez de grado" consiste en "la realización de los estudios pertinentes para buscar y localizar las posibles acumulaciones de hidrocarburos existentes en el subsuelo, mediante investigaciones y operaciones necesarias basadas en estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, que permiten seleccionar el lugar que se considere más idóneo para perforar un pozo exploratorio. Todo esto enmarcado en leyes ambientales y territoriales que garanticen el respeto al entorno y el cuidado del medio ambiente". 

El Gobierno planteó también la recusación del juez actuante por "manifiesta vinculación con principales actores" que promueven la cautelar que frenó la actividad. Argumentaron que "la imparcialidad judicial es una garantía básica de nuestro sistema republicano y su debilitamiento socava las instituciones de la Nación y la confianza de los justiciables en la objetividad de los integrantes del Poder Judicial". 

"Por razones graves de decoro y delicadeza el juez a quo habría debido excusarse de intervenir en esta causa", se lee en la presentación. 

El primero en adelantar la postura del gobierno fue Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo, quién sostuvo que "no hay ningún inconveniente, ningún perjuicio, y creo que sí hay una campaña de desinformación en algunos sectores, por eso queremos informar bien, que esta actividad no va a generar ningún perjuicio para Mar del Plata. Al contrario, va a generar muchos más beneficios por toda la actividad económica que va a movilizar indirectamente”.

En la misma sintonía, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez expresó este martes que "el Gobierno ha apelado este fallo por dos razones centrales: sus fundamentos están desvinculados  de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras". 

El funcionario agregó que "el fallo que esta apelando la apoderada del Ministerio de Ambiente, ignora absolutamente los máximos  niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción Offshore y que aplicarán en estos proyectos". 

"Esta actividad y sus  operaciones se desarrollarán a mas de 300 km de distancia mar adentro de la costa atlántica, por lo cual, además de la utilización de estrictos protocolos de seguridad y protección ambiental en las operaciones,  garantizan que no existirá contaminación visual alguna", remarcó Martínez. 

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