El gobierno confirmó que el Gasoducto Perito Moreno, antes conocido como Gasoducto Néstor Kirchner, podría pasar a manos privadas. Así lo aseguró la secretaria de Energía, María Tettamanti, en diálogo con el exfuncionario Gustavo Lopetegui. La funcionaria explicó que esta medida responde a la inclusión de Energía Argentina S.A. (Enarsa) en la lista de empresas a privatizar según la Ley Bases.

"No tengo ninguna duda de que eso tiene que ser una concesión privada", enfatizó Tettamanti, argumentando que el primer paso para desregular la compañía es desligarla de sus operaciones actuales. Enarsa, encargada del gasoducto, depende del Estado Nacional, aunque su operación está en manos de Transportadora Gas del Sur (TGS). La empresa ya presentó una propuesta para ampliar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte del ducto, considerado clave para la conexión con Vaca Muerta.

En el marco del Energy Day, Tettamanti no solo abordó el tema del gasoducto, sino que también habló de la transición hacia un nuevo esquema de tarifas en servicios públicos. Según la funcionaria, el gobierno busca implementar una tarifa social focalizada, eliminando los niveles actuales (N1, N2 y N3) para abril de 2025. "La idea es subsidiar un bloque mínimo de consumo, pero que el costo real se refleje a partir de ahí", destacó.

Además, confirmó avances en la Revisión Tarifaria Integral para regular los valores del gas y la electricidad en función de metodologías claras y sustentables, garantizando rentabilidad y previsibilidad para el sector privado. Este enfoque también se refleja en los planes para ampliar la capacidad de generación y transporte eléctrico, con licitaciones previstas para los próximos años.

Sobre la privatización del gasoducto, Tettamanti se mostró firme: "Con una tarifa previsible, los empresarios se animarán a invertir y acordar los costos de transporte. El esquema estatal actual es un escollo que hay que superar". Las declaraciones, en línea con las políticas del oficialismo, refuerzan el giro hacia un modelo de mercado más desregulado.

La reglamentación del capítulo energético de la Ley Bases apunta en la misma dirección: promover la exportación de hidrocarburos y reducir la intervención estatal. Aunque contempla excepciones por razones de fuerza mayor, el objetivo principal es asegurar la oferta interna y maximizar la renta del sector.

En tanto, el gobierno declaró de interés público la ampliación del gasoducto propuesta por TGS, que busca conectar el sur del país con el Litoral. Este desarrollo, junto con la posible concesión privada, pone en el centro del debate la capacidad del Estado para gestionar recursos estratégicos frente a las presiones del mercado.