El entramado judicial del caso Kiczka se complejiza y alcanza a su pareja por posible complicidad
Los dispositivos electrónicos secuestrados en la casa de los suegros del exdiputado serán peritados esta semana en busca de nueva evidencia clave.
En los próximos días, el Juzgado de Instrucción N° 4 de Apóstoles analizará los dispositivos electrónicos secuestrados en la casa de los suegros de Germán Kiczka, ex diputado implicado en una causa de abuso sexual infantil. Los peritajes sobre las netbooks y la CPU incautadas buscan arrojar luz sobre el posible involucramiento de más personas en la red de distribución de material ilícito. La pesquisa, realizada el pasado 18 de septiembre, apunta además a determinar si la pareja del acusado, Alejandra F., también está vinculada a los delitos que se investigan.
El foco sobre Alejandra F. surgió tras la revisión de una conversación clave que ella mantuvo con Kiczka antes de su captura. En ese intercambio, la mujer le habría advertido al ex diputado sobre la necesidad de eliminar archivos comprometedores de su computadora, a lo que él respondió con confianza: "Tengo fueros, no me pueden investigar". Esta interacción sumó nuevas sospechas sobre la posible complicidad de la pareja en los hechos delictivos.
Paralelamente, la investigación avanza en otros frentes. Este fin de semana, el juez Miguel Ángel Faria dictó prisión preventiva para Sebastián Kiczka, hermano del exdiputado, quien ya se encontraba detenido junto a Germán. Ambos permanecerán en esta condición hasta que se inicie el juicio oral. Sebastián también está señalado por su participación en la red que distribuía material de abuso sexual infantil, lo que agrava aún más su situación judicial.
En un giro inesperado, la funcionaria judicial Carla Dalmaroni, empleada del Juzgado de Paz de Apóstoles, fue suspendida tras descubrirse que mantuvo conversaciones telefónicas con Germán Kiczka durante su período de fuga. El dato cobra especial relevancia, dado que Dalmaroni es esposa del abogado defensor de los hermanos Kiczka. La medida fue tomada como parte del esfuerzo por aclarar posibles nexos entre la funcionaria y los implicados en la causa.
Los investigadores esperan que el análisis de los dispositivos incautados aporte pruebas determinantes que confirmen si Alejandra F. formaba parte de la red o si actuaba de manera independiente. El próximo paso en la causa será definir si se amplían las imputaciones y se formalizan nuevas acusaciones contra la pareja del ex diputado y otros potenciales implicados.