Luego de la lógica estridencia que causó la presentación de la reforma judicial que va a encarar el gobierno de Alberto Fernández, en el Consejo de la Magistratura se resolvió uno de los temas que más había agitado la oposición: el traslado de ciertos jueces, la mayoría durante el gobierno de Mauricio Macri.

Primero, la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo emitió un dictamen donde consideró que diez jueces (de una lista que había presentado el consejero que representa al Ejecutivo Gerónimo Ustarroz) no habían cumplido con el procedimiento constitucional previsto ni con los requisitos que expuso la Corte Suprema en dos acordadas en 2018.

Entre los jueces cuestionados están Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, actuales integrantes de la Cámara Federal. En una votación que terminó 7 a 6, finalmente el Consejo decidió remitir los antecedentes de los jueces y sus traslados al Poder Ejecutivo para que en todo caso ratifique esta situación y los envíe al Senado para completar la legalidad de la situación. 

“Ningún gobierno debe poner jueces cuyo nombramiento no reúne los requisitos expresamente establecidos en resoluciones y acordadas. El instituto del traslado, y el de subrogancia tienen reglas caras. Cuando son violadas se debe corregir”, tuiteó Graciela Camaño, quién votó a favor de que esto sea remitido al Poder Ejecutivo.

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Graciela Camaño on Twitter

Tanto Bruglia como Bertuzzi (y también Germán Castelli, otro de los jueces cuestionados y que actualmente está en el Tribunal Oral Federal 7) habían manifestado que se trataba de un atropello institucional. En el Consejo, no descartaban que los magistrados presentaran algún acción judicial contra esta revisión.

Mientras esto sucedía, en Comodoro Py la jueza María Eugenia Capuchetti rechazaba la petición de Gustavo Arribas, ex ttitular de la Afi, de que la causa por espionaje abandone Lomas de Zamora y se traslade a Retiro. La magistrada consideró que el expediente abarca múltiples delitos y hechos y corresponde que siga en el juzgado federal de Juan Pablo Augé. 

Otro juez que también estuvo activo fue Julián Ercolini: a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, autorizó una orden de presentación (la instancia previa a un allanamiento) en la sede de Vicentin. El magistrado le giró a un Juzgado Federal de Rosario (un paso técnico formal) para que se pueda acceder a la empresa y recabar documentación relacionada con los balances. En Py está la causa donde se investiga el préstamo que el Banco Nación le otorgó a Vicentín en contra de las normativas de la entidad.

Mientras tanto, por videoconferencia, el fiscal Abel Córdoba pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez en la causa conocida como “La Ruta del Dinero” junto con una multa de 2121 millones de pesos. Durante tres audiencias, el fiscal rearmó como fue el recorrido del dinero que lavó el empresario, que se calcula en poco menos de 55 millones de dólares.

Para el hijo mayor de Lázaro, Martín, pidió una condena de nueve años de prisión al considerarlo responsable junto a su padre de las maniobras de lavado. Para Leandro, requirió una pena de cinco años mientras que para Luciana cuatro años y medio. Para Melina, solicitó cuatro años de cárcel ya que si bien todos estaban implicados en el delito, había distintos roles y funciones. Ahora, la causa entrará en los alegatos de las defensas, que son más de 25. Las audiencias se realizarán dos veces por semana.