El homicidio de un ciudadano armenio esta semana puso otra vez en debate la baja de la edad de imputabilidad. Actualmente, una persona comienza a ser imputable (responsable de los delitos que cometió) a partir de los 16 años. El crimen del martes en Retiro puso a distintas autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una campaña para que se vuelva a debatir en el Congreso el Régimen Penal Juvenil, una idea que impulsó el por entonces ministro de Justicia Germán Garavano.

Actualmente está vigente la ley 22.278 de “Régimen Penal de Minoridad”, llevada adelante durante la última dictadura militar. Muchas organizaciones y expertos coincidían en la importancia de modificar ese régimen en pos de mejorarlo y en paralelo crear instancias de prevención y contención, para que el abordaje no fuera únicamente algo penal.

El proyecto que Garavano presentó formalmente en marzo 2019 tenía unos 100 artículos y su principal punto era establecer la responsabilidad penal de los adolescentes desde sus 15 hasta el momento en que cumplen 18. Para los de 15, por delitos que tuvieran justamente quince o más años de prisión previsto en el Código Penal. Para el resto por cualquier hecho delictivo excepto los que tienen dos años o menos de pena de prisión máxima.

Ese proyecto fue criticado desde el principio por distintas organizaciones e instituciones que trabajan sobre el tema. UNICEF, por ejemplo, sostuvo en un documento que existían “experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”.

“La prevención del delito juvenil y el tratamiento de aquellos que ya han cometido un delito debe ser una acción coordinada con las políticas de promoción y protección integral de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Así, es fundamental la articulación entre el Sistema de Protección Integral y el de Responsabilidad Penal Juvenil”, resaltó UNICEF. 

Otro de los cuestionamientos que hicieron las organizaciones fue la incidencia real que tienen los menores en el delito (y más cuando se trata de menores de 16). De acuerdo a un informe que realizó en 2017 la Subsecretaria de Política Criminal, el 91% de los niños/adolescentes en conflicto con la ley penal en Argentina tenían más de 16 años. 1142 de ellos se encontraban en institutos u hogares de menores. Solo 101 tenían menos de 16.

En esa línea, el Equipo de Estadística y Bases de Datos del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación hizo hincapié en la situación de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, en el período entre junio de 2018 y junio de 2019 contabilizaron 2064 detenciones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años (en promedio, la Ciudad tiene alrededor de 28 mil detenciones por año). Casi el 60% de esas detenciones fueron a adolescentes de entre 16 y 17 años, cuyas causa recaen en la Justicia Nacional de Menores.

De acuerdo al informe, 700 de esas detenciones involucraron a niños de entre 13 y 15 años y 45 de los detenidos tenían entre 9 y 12 años. La mayor cantidad se focalizó en las comunas del sur de la ciudad, que involucran a los barrios de Barracas, Flores, Villa Lugano, Villa Soldati, por ejemplo. La Comuna 1 integrada por los barrios de Retiro, San Nicolas, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución alcanzó casi 400 detenciones en ese año. Con respecto al tipo de delito, en el 75% son robos o hurtos o algún tipo de infracción contra la propiedad. Solo un 3% de los casos involucran a algún delito contra las personas (como pueden lesiones o un homicidio).

Luego de su detención, son trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) "Ex Inachausti", que depende del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Allí, se les realiza la averiguación de antecedentes penales y el control médico. Luego, son alojados en el CAD hasta la decisión del Juzgado y/o Fiscalía que interviene en su causa judicial. Pueden ser trasladados a centros de Régimen Cerrado, Residencias de libertad restringida; o son retirados por su familia. También puede ser derivados a hogares o refugios. 

¿Cómo es la situación en Provincia?

Los datos que maneja el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en relación a menores y delitos también son similares: la participación no es abrumadora. Durante 2019 se iniciaron 918 investigaciones penales preparatorias (el inicio de una causa) de homicidios dolosos consumados. El 7,1% de esas investigaciones correspondió al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, lo que representó un decrecimiento de 3,1% con relación a 2018. Además, en el 50% de esas causas de menores se investigaba también la participación de mayores de edad.

La incidencia no significativa en los delitos ya había sido marcada por el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en marzo de 2019. En un documento, se había marcado “el carácter inconstitucional” de la baja de imputabilidad y se la había considerado “una medida regresiva en términos de derechos humanos y que violaría compromisos adquiridos por el Estado argentino.

Eso mismo había argumentado el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de Argentina en un escrito que firmaron en 2019 representantes de 17 provincias, entre los que estaban la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti; y la Asesora General Tutelar, Yael Bendel. En ese documento citaron al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que refirió en más de una ocasión que se debe fijar una edad mínima de imputabilidad “lo más alta posible”.

El debate promete instalarse otra vez a pesar de que desde distintos sectores se resaltó que la baja no es la solución y menos si no viene acompañada de soluciones y acompañamientos por fuera de la respuesta penal-judicial. “Existe amplia evidencia que muestra que el abandono temprano de la escuela aumenta significativamente el riesgo de los adolescentes de ser captados para iniciar una trayectoria delictiva. Esta situación empeora cuando el Estado no garantiza espacios recreativos y formativos a nivel comunitario que fomenten la capacidad de aprendizaje y desarrollo de los niños y adolescentes”, resaltó UNICEF.