Mientras el gobierno nacional mantiene la expectativa por el tratamiento del Presupuesto 2025, el bloque de diputados de Encuentro Federal avanza con un proyecto propio que incluye un aumento en las partidas para las universidades, jubilados y para las provincias. De esta forma, la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto se sigue distanciando del oficialismo y pone la mira en cuestiones clave para La Libertad Avanza. 

Cabe destacar que el bloque propone mantener el déficit cero que pregona el gobierno de Javier Milei, pero pone mayor énfasis en jubilaciones y universidades. El espíritu del proyecto es “balancear más equitativamente el costo del ajuste”. 

En el texto, los legisladores sostienen que pueden generar un ahorro de $5.101.313 millones que podrían destinarse a los fondos destinados a jubilados y universidades. En el primer término, proponen recomponer los haberes con el 8,1% que se perdió con el cambio de fórmula, más un bono de $70.000, que ya está contemplado en el Presupuesto. A su vez, proponen un aumento del 17% en las partidas para las universidades. Estos dos puntos se dan luego de la polémica por los vetos a la ley de movilidad jubilatoria y al financiamiento educativo. 

Para financiar estas medidas, el bloque que lidera Pichetto sugiere eliminar varias exenciones del IVA y el Impuesto a las Ganancias, así como también eliminar la asignación específica del impuesto a los combustibles para engrosar los recursos de la masa coparticipable. A su vez, proponen utilizar remanentes de fondos no ejecutados para cubrir los costos fiscales de las medidas propuestas.

La propuesta modifica la nueva “regla fiscal” para que sea el Congreso, a través de su Oficina de Presupuesto (OPC), quien establezca el orden de prelación de los gastos que, de ser necesario, podría reducir el Poder Ejecutivo para alcanzar el equilibrio fiscal. Y en caso de que la recaudación sea mayor a la prevista, se dispone que el primer impuesto que el Gobierno deberá bajar son las retenciones al campo. 

Asimismo, buscan hacer automáticas las transferencias del Tesoro Nacional a las cajas previsionales de las provincias que aún no fueron transferidas. De esta forma, proponen poner un plazo “hasta febrero o marzo” para que la Anses termine de realizar las auditorías en las provincias. La idea es que, cumplidos los plazos, se automatice el envío de fondos, que fue suspendido desde enero por el gobierno libertario.