El Congreso de la Nación se prepara para dar uno de los debates más intensos de los últimos años de la historia democrática de la Argentina. El Gobierno de Javier Milei, en la tarde de este miércoles, presentó el proyecto de “ley ómnibus” con más de 600 modificaciones y hasta el pedido de facultades delegadas en materia económica, financiera y fiscal, entre otros temas, por el plazo máximo de dos años.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, le entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, el proyecto de “ley ómnibus” llamado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” con más de 180 páginas y centenares de modificaciones para desregular la economía.

“No es una ley ómnibus, es un tren de carga directamente”, le dijo a Data Clave un exfuncionario de Mauricio Macri y que hasta hace poco fue diputado nacional. En ese proyecto se contempla la posibilidad de privatizar 41 empresas que actualmente pertenecen al Estado, entre ellas Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco Nación, Télam y Televisión Pública, entre otras.

La iniciativa de Milei contiene 351 páginas en total y más de 180 con modificaciones. Una de ellas que llamó la atención del mundo del fútbol es la modificación de un artículo de la Ley N°23.184 para legalizar la reventa de entradas en los eventos deportivos.

Otro experimentado diputado le advirtió a este medio que el proyecto abarca tantos temas que tendrá que pasar mínimo por 10 o 12 comisiones de la Cámara Baja. “El plenario lo vas a tener que hacer en la cancha de River”, expresó a forma de broma y teniendo en cuenta que el estadio Monumental es el más grande de la República Argentina en cuanto a capacidad.

Hasta el momento, la mayor parte de los legisladores eligieron la prudencia y todos están en permanente reuniones entre pares y sus respectivos equipos de asesores para analizarlo “ley por ley”. Algunos interbloques como Juntos por el Cambio -o lo que queda de ese espacio- adelantaron el consentimiento a muchas leyes propuestas en el DNU. Incluso no descartan la privatización de algunas empresas públicas. Esto también contiene a la Coalición Cívica, que ya no forma parte de ese espacio y conformó un interbloque que actualmente preside el peronista Miguel Ángel Pichetto.

Sin embargo, hay un artículo que generó mucha controversia entre los legisladores. Se trata del Artículo N°3 que encabeza el capítulo 2 llamado “Declaración de Emergencia Pública”. Ese apartado declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de 2 años".

En líneas generales, el artículo le otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para tomar medidas de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, en el capítulo de disposiciones finales, en el Artículo N°657 declara que “El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar trimestralmente en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre la aplicación de las facultades delegadas por la presente ley, sus fundamentos y resultados obtenidos”. Es decir que el Congreso pasará a ser por los próximos dos años un espacio testimonial y de control del Ejecutivo.

El pedido de facultades delegadas generó sorpresas en la Cámara de Diputados y también llegó al Senado. Maximiliano Abad, senador nacional por el radicalismo, le planteó a Data Clave que “la emergencia no es un mecanismo para que uno de los poderes absorba facultades en desmedro de las restantes” y que “al contrario, es una oportunidad para que los tres poderes generen respuestas acordes a esa realidad”.

“Si queremos mejorar la calidad de vida de toda la población, debemos centrar nuestros esfuerzos en construir más mercados, un mejor estado y la plena división de poderes”, agregó a este medio.

Muchos legisladores se enteraron por los medios de comunicación del pedido de las facultades delegadas y automáticamente se encendieron las alarmas con llamados frenéticos con los líderes de los diferentes bloques e interbloques.

Martín Tetaz, diputado nacional por UCR-Evolución que el mismo miércoles presentó un proyecto de ley espejo que abarcan las 366 iniciativas solicitadas por Milei en el DNU 70/2023, le adelantó a Data Clave que “no aprobamos facultades extraordinarias y en este caso no vamos a hacer una excepción”, marcándole la cancha al Presidente de la Nación.

Por su parte, el bloque de diputados y senadores de Unión por la Patria mantuvo una reunión virtual con los gobernadores de su espacio y rechazaron nuevamente el contenido del mega DNU de Milei que propone desregular la economía. Además, aseguraron que la ley ómnibus “ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias que son absolutamente inconstitucionales”.

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X de Diputados UP

En la Cámara de Diputados ya se da por descontada la posibilidad de que se le otorguen facultades extraordinarias a Milei por el término de los próximos dos años. Como adelantó Data Clave antes de la asunción del Presidente, La Libertad Avanza tendrá que negociar ley por ley.