La disputa por las dietas de los diputados y los senadores luego de un aumento firmado por Martín Menem y Victoria Villarruel terminó con el pedido de Javier Milei al bloque de La Libertad Avanza para que de el debate con un proyecto de ley. El mismo, sería para dar marcha atrás con el aumento dispuesto por la conducción de ambas Cámaras del Congreso.

Uno de los defensores del aumento fue Miguel Ángel Pichetto que cuestionó las críticas “¿Qué quieren que seamos Uganda”, disparó provocador el experimentado diputado peronista. Este viernes, el bloque Hacemos Coalición Federal que conduce el ex senador salió a disputar el debate parlamentario con un proyecto provocador que profundiza la línea instalada desde la Casa Rosada. “Equiparar las dietas de las cabezas de los tres poderes del Estado”, propone la iniciativa presentada.

Que los “jueces de la Corte Suprema, Presidente y Vice, y Diputados y Senadores” queden equiparados “asociándolos a un multiplicador del salario mínimo”. Además, el texto prohíbe  “que ningún cargo de ningún organismo de cualquiera de esos tres poderes, incluyendo empresas del Estado y organismos descentralizados, pueda tener escalafones que superen los ingresos de las respectivas cabezas”. Es decir, el objetivo es que “nadie va a poder ganar más que un juez de la Corte y que el Presidente en ninguna empresa del Estado ni en ningún organismo descentralizado. Y nadie dentro del Poder Legislativo va a poder ganar más que los Diputados y los Senadores”, fundamentaron. 

La medida pone plazo de aplicación desde el 1 de enero por lo que impactará en el presidente Milei y la vicepresidenta en caso de aprobarse. Un vuelto para el jefe de estado que desafía al Congreso y quiere que validen en el recinto el aumento.

El proyecto

Por último, el proyecto que lleva las firmas de Pichetto, Nicolas Massot, Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño y los diputados de la Coalición Cívica, estables que eas actualizaciones van a estar “atadas” a la movilidad jubilatoria y que “todo el ahorro que la medida produzca va a ir destinado al ANSES para garantizar la sustentabilidad de las jubilaciones”.

A este proyecto se sumó por la tarde uno más desde la bancada de Córdoba Federal, que integra el mismo bloque Hacemos, donde replican una “política de estado de más de 30 años” que practica el gobierno cordobés y que pone “tope” a los salarios de los tres poderes.

Según argumentaron, en Córdoba “ningún cargo ejecutivo y legislativo puede percibir -como remuneración bruta mensual por todo concepto, excluidas la bonificación por antigüedad y las asignaciones familiares- un importe salarial que supere la asignación básica establecida para el cargo de Gobernador de la provincia”, explicaron los diputados. Al igual que el proyecto anterior, “todo aumento” de la remuneración, retribución y honorarios de los funcionarios “solo serán permitidos” en los límites y con los porcentajes que se disponga para los beneficiarios de jubilaciones. 

Por esto, presentaron un proyecto para que ningún diputado o senador pueda percibir una dieta mayor a lo que recibe el presidente de la nación. Esto en concreto no tiene aplicación en la actualidad ya que aún con el último aumento, están por debajo de esa percepción. Sin embargo, la iniciativa también incluye en los mismos términos a los jueces de la Corte a los que si se le podría ajustar el sueldo en caso de sanción de la norma. "El Poder Judicial de la Nación deberá implementar, por acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un esquema de adecuación salarial a las previsiones de la presente ley", desafía el proyecto de los cordobeses. 

Los dos proyectos son un desafío al poder central que expuso una vez más a los legisladores como parte de una casta “privilegiada”. La movida “dialoguista” muestra que no son los únicos y que un debate amplio no los deja solos en el barro.

Unión por la Patria también se sumó desde el Senado

El viernes a última hora entró por mesa de entrada de la Cámara alta un proyecto de ley del presidente del interbloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), para “equiparar y poner tope a las remuneraciones a las autoridades superiores de los Tres Poderes del Estado, órganos extra-poderes, organismos especializados de la Administración Pública Nacional y empresas y sociedades del Estado”.  

José Mayans

La propuesta del peronismo en la Cámara alta tiene similares características a los de sus pares de la Cámara baja y busca fijar “un criterio de equidad” frente al contexto de “emergencia y crisis económico-social, agudizadas por las decisiones adoptadas por el actual gobierno nacional”. 

La iniciativa del senador formoseño también busca poner “un límite” fijando “un máximo salarial”, imposible de superar, de “veinte salarios mínimos vitales y móviles” por todo concepto para quien ocupe el cargo de Presidente de la Nación, Vicepresidente, Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Senador, Diputado, Procurador General, Consejero de la Magistratura, Auditor General y Defensor del Pueblo de la Nación, y personal del Servicio Exterior comprendido en el artículo 3 de la Ley 20.957. 

“Se intenta ordenar y establecer un tope a las remuneraciones de las máximas autoridades estatales”, aseguró el comunicado de prensa de la usina UxP en el Senado. 

Por último, la norma también dispone y alcanza al resto de los cargos puesto que las remuneraciones de los ministros, secretarios y subsecretarios “no podrán superar a los quince salarios mínimos vitales y móviles por todo concepto”.