Día del Amigo: "brigadas anti-fiestas" y "ciberpatrullaje" para evitar reuniones clandestinas
En la previa del 20 de julio, las autoridades judiciales y de seguridad de todo el país tienen una particular preocupación por los encuentros que violan las medidas de distanciamiento, un fenómeno que se repite con mayor frecuencia cada fin de semana. Habrá “monitoreo en redes sociales” para anticiparse a los eventos y hasta castigos de prisión efectiva para los que no cumplan las normas.
Música electrónica, pastillas de éxtasis, dos organizadores detenidos y otros 30 presentes en una mueblería, en Balvanera, Ciudad de Buenos Aires, el 27 de junio pasado. Más de 100 personas en un garaje de micros de larga distancia en Guaymallén, Mendoza, durante la madrugada del 7 de julio. Un boliche abierto con 120 personas en Yerba Buena, Tucumán, el 11 de julio. Un bar con persianas bajas y parlantes al máximo, con 36 personas presentes entre los que había menores de edad, el 12 de julio en Santa Rosa, La Pampa. El mismo día, unos 400 invitados participaron de un festejo de cumpleaños de una quinceañera, con vestido de gala y todo, en un lavadero de autos de la Santa Fe. Unos pocos ejemplos de fiestas realizadas recientemente, en el marco de las restricciones sociales por el covid-19.
El miércoles 10 de julio, representantes de la Cámara de Bares y Discotecas de Buenos Aires (CEDIBBA) se reunieron con funcionarios del ministerio de Seguridad bonaerense para concretar la aprobación de un protocolo para la actividad. Ansiosos, abstenerse. El regreso de los boliches tradicionales no está previsto siquiera para los meses restantes del 2020. Podrían volver de forma anticipada reconvertidos en bares, con reservas previas y una distancia mínima obligatoria. Nada parecido a lo que hasta hoy conocíamos como una fiesta, está claro. En ese encuentro, los empresarios advirtieron sobre las clandestinas.
Gustavo Palmer, histórico administrador de la noventosa noche top de Pinamar y vocero de CEDIBBA, reconoce que la cantidad de reuniones ilegales que rompen el decreto de aislamiento aumentan a medida que pasan los días de cuarentena, sobre todo en provincia de Buenos Aires. “Hicimos hincapié en eso cuando nos juntamos con Marcelo Montero (director provincial para la Gestión de Seguridad y Control). Va a haber muchas fiestas por distintos lugares, sobre todo en el día del amigo o la previa del día de la primavera, en septiembre”, le anticipa Palmer a Data Clave. Y demuestra una amplia voluntad de colaboración de parte de los referentes del rubro: “Podemos y queremos ayudar a identificarlas y desbaratarlas a través de nuestros contactos”, dice.
Fuerzas especiales
Desde el área que dirige Montero confirmaron que en la Provincia de Buenos Aires habrá “operativos especiales por posibles festejos de cara al día del amigo”, que se celebra el 20 de julio. Confirman también que el trabajo será coordinado junto con los municipios y personal del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) y el Registro de Controladores de Admisión y Permanencia (RECAP).
En Rosario, epicentro de la nocturnidad en la provincia de Santa Fe, se realiza un trabajo conjunto de la Fiscalía especializada en delitos relacionados al Covid-19, la Municipalidad y la cartera de seguridad provincial. Una especie de brigada “anti-fiestas”. A ese equipo se derivan, especialmente los fines de semana, todas las denuncias vecinales realizadas por ruidos molestos que podrían representar una reunión ilícita.
Entre el sábado y el domingo último se registraron tres hechos de este tipo en Rosario. Hubo una fiesta un tanto dispar en temas de género con 12 mujeres y 31 hombres, otra con 40 personas en un bar y una última con 15 detenidos y una particularidad: 14 de ellos eran de nacionalidad brasilera.
En Mendoza, las juntadas clandestinas también son una preocupación. Tal es así que este martes 13 de julio el Senado provincial le dio sanción definitiva a un proyecto para penar con prisión efectiva a los que se reúnan igual a pesar de las prohibiciones. La ley, que había sido enviada al poder legislativo por el propio Gobernador Rodolfo Suárez, establece castigos "de 15 a 20 días de arresto o entre 60 y 80 días de trabajos comunitarios" para quienes no cumplan con las ordenanzas provinciales.
“Ciberpatrullaje”, entre el tabú y la eficacia
Sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se animan a blanquear en voz alta una de las estrategias que muchos usarán para anticipar estos eventos clandestinos: el “ciberpatrullaje”. Hablan, en realidad, de “monitoreo en redes sociales”, una definición que tiene mejor prensa y suena menos invasiva.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación lo perciben prácticamente como una mala palabra, sobre todo, después del revuelo político-mediático que se generó cuando la ministra Sabina Frederic confesó en abril que esa herramienta se utilizaba para “medir el humor social”. Fue, de hecho, uno de las primeras excusas para los públicos cortocircuitos con su par bonaerense, Sergio Berni.
El "ciberpatrullaje" es un concepto que Patricia Bullrich había incorporado a las fuerzas de seguridad. Por lo menos, fue la exfuncionaria macrista quien lo reconoció y defendió ante los medios en reiteradas ocasiones. Paradójicamente, aprovechó la volteada y no tardó en criticar a su sucesora por el tema: "eso es espionaje", disparó en su momento. Desde el entorno de Frederic aseguran que el protocolo que había presentado Bullrich se dio de baja y que hoy en día el seguimiento de publicaciones personales en internet se usa únicamente para "delitos asociados al mercado negro de la pandemia, como venta ilegal de respiradores, plasma o medicamentos".
En Quilmes, por ejemplo, la revisión detallada de redes sociales fue la táctica que se usó para desbaratar una fiesta bautizada como “Not Covid Party”. Desde el municipio que conduce Mayra Mendoza detectaron el evento en Instagram y contactaron a uno de los organizadores días antes de la fecha promocionada, sábado 4 de julio.
El joven, de 26 años, sostuvo con firmeza la idea de realizar la fiesta, incluso ante el cuestionamiento autoridades sanitarias correspondientes. El argumento: sería una fiesta exclusiva para personas recuperadas, con certificado médico como prueba de la generación de anticuerpos para el virus. El ridículo planteo se cayó por su propio peso y, después de una denuncia formal en la justicia, los creadores de la “Not Covid” transformaron la convocatoria en una propuesta virtual que jamás se concretó.