Desde el comienzo del fin de semana se vive un clima de tensión en diferentes Unidades Penitenciarias de la provincia de Buenos Aires por la decisión de no habilitar visitas.

Los internos denuncian que el propio gobernador rompió un acuerdo que habían alcanzado los internos de los penales con el ministro de justicia provincial, Julio Alak. “Es él que dio la orden de no dejar entrar a familiares”, apuntan fuentes a Data Clave. 

Según fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, el gobierno provincial, a través de una mesa de diálogo conformada desde el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio, buscaba destrabar la protesta que incluyó el ascenso de los internos a los techos los penales.

En este sentido, indicaron que desde el inicio del aislamiento "los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares".

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Los reos denuncian que habían arreglado con funcionarios del ministerio pero el propio gobernador dio marcha atrás. “La situación no da para más”, sentenciaron. Por su parte, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia precisó que "una delegación de este organismo intentará dialogar con los detenidos". 

Según pudo averiguar Data Clave, las situaciones más tensas se dio en la cárcel de San Martín, donde allí tomaron 3 mujeres y 5 hombres celadores de rehenes, que posteriormente fueron liberados. 

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La protesta incluye reclamos por estos meses de pandemia, no solo las visitas familiares. “Queremos recompensa por el abandono del gobierno y los jueces”, esgrimieron. Según detallo un vocero del organismo provincial, "desde el Servicio Penitenciario bonaerense se evaluaba restablecer la presencialidad de las visitas a los penales" y ante esta posibilidad los internos visibilizaron su reclamo.

Por su parte, en el marco de las negociaciones, fuentes del gobierno le manifestaron a este medio que cuando hablaron de restablecer las visitas a los presos, empezaron a exigir el pedido de morigeración de penas, situación que comprometieron a trasladar el reclamo a los juzgados correspondientes.

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Por último, si bien desde el gobierno no confirman ningún fallecimiento, aseguran que tampoco pueden desmentirlo porque hay pabellones que todavía no pudieron ser inspeccionados. Es más, desde las unidades amotinadas, varios reclusos hablan de muertes.