Detectan "irregularidades" en una firma de la colaboradora de Milman que es investigada por el ataque a CFK
La IGJ inició un expediente administrativo y se comprobó más de media docena de irregularidades de la empresa “Salvattore Group”, cuyos socios formales están ligados al diputado. La Justicia decretó su intervención mientras se investiga si se trata de una "sociedad pantalla".
El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, quedó en el centro de la polémica luego de que Jorge Abello, asesor de un diputado oficialista, asegurara haber escuchado al legislador referirse a un posible atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, antes que ocurriera.
Su secretaria Ivana Bohdziewicz y su asesora Carolina Gómez Monaco, una ex Miss Argentina, negaron ante la jueza María Eugenia Capuchetti la supuesta frase “cuando la maten yo ya estoy en la costa” que, según Abello, habría dicho Milman.
En este escenario, la Inspección General de Justicia (IGJ) inició un expediente administrativo y comprobó más de media docena de irregularidades documentales y societarias de “Salvattore Group S.AS.”, cuyos socios formales resultaron ser Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga. Este último fue contratado por el propio Milman para realizar funciones en la Cámara baja.
El organismo considera que se trata de una “sociedad pantalla” y que constituye una simulación destinada a ocultar la actividad de otras personas (socios ocultos) y el origen aparentemente ilícito.
La firma se constituyó en 2017, pero no comenzó sus operaciones comerciales hasta 2019. "Carece de capital social, no tiene objeto preciso y determinado ni tampoco sede social correctamente inscripta. Además, se encuentra en mora en la presentación de sus balances y estados contables de los últimos tres años ante la IGJ y, asimismo, no habilitó debidamente ninguno de los libros sociales exigibles a cualquier sociedad comercial”, detallaron desde el organismo liderado por Ricardo Nissen.
Por lo pronto, el juez comercial Pablo Daniel Frick resolvió intervenir la sociedad por un plazo inicial de seis meses, otorgando facultades a la interventora designada de contralor y vigilancia de la marcha de la actividad social.