El Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri designó en su área de Derechos Humanos a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, hijos de dos oficiales del Ejército muertos por acciones ejecutadas por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el contexto de violencia política que asoló a Argentina en los años ’70. Con estas designaciones, el gobierno de Javier Milei envía una fuerte señal contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el país aplicó en los últimos 20 años, al equiparar a los actos cometidos por las organizaciones guerrilleras con los delitos de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado.

Silvia Ibarzábal es la hija de Jorge Ibarzábal, que siendo teniente coronel en 1974, fue secuestrado tras un ataque a los cuarteles de Azul y luego asesinado. En tanto, Arturo Larrabure es hijo de Argentino Del Valle Larrabure, un coronel que murió en 1975, tras estar en cautiverio durante 370 días.

Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron que ambos trabajarán en la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, específicamente en tareas de coordinación de los programas de cooperación con organismos nacionales e internacionales gubernamentales y no gubernamentales que entienden en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

También participarán en “la definición de políticas y acciones que contribuyan al bienestar del personal que integra el Ministerio, las Fuerzas Armadas y otros Organismos dependientes, como parte indivisible de los Derechos Humanos que los asiste”.

Ambos militan desde hace años la denominada “Memoria Completa” para quienes murieron a manos de las organizaciones armadas, una postura que desde hace años predica la vicepresidenta Victoria Villarruel, que mantiene aceitados vínculos con represores condenados por delitos de lesa humanidad como secuestros, torturas, desapariciones forzadas y robo de bebés.

Ibarzábal y Larrabure aseguraron en varios reportajes que los criminales de lesa humanidad que se encuentran en prisión “son víctimas que sufren en la actualidad violaciones a los derechos humanos”.

Desde el inicio de la gestión libertaria se suceden diversos hechos destinados a contrarrestar la política de Memoria, Verdad y Justicia que Argentina inició en 2003, tras las derogaciones de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales promulgados por Carlos Menem en 1989 y 1990.

En esa línea, Petri ordenó la disolución de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas que tuvieron una participación determinante en varias causas de lesa humanidad.

Un grupo de 36 fiscales reclamaron la continuidad de ese equipo, que tuvo “una acción proactiva” en el esclarecimiento de varias causas. Pese a este reclamo, la cartera dispuso el desmantelamiento de esta unidad de investigación.

Los archivos quedaron a cargo de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares de esa cartera que encabeza el general retirado Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri, y partidario de la denominada “memoria completa”.

Pero la corriente negacionista de la gestión libertaria no se limita a la cartera de Defensa. En el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich se dejaron caer los pedidos de recompensas para quienes estuvieran dispuestos a brindar información sobre los imputados de haber cometidos delitos de lesa humanidad y que se encuentran prófugos de la justicia.

El Ministerio comunicó además que no le brindaría información sobre los legajos de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad a la Comisión Nacional por el Derechos a la Identidad (CoNaDi).

En relación a la CoNaDi, un organismo oficial creado en los años ’90 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar, hubo fuertes rumores en las últimas semanas sobre una posible disolución, que sería ordenada por el Gobierno.

Se mencionó incluso que el Decreto que eliminaba a ese organismo estaba listo para ser firmado por Milei, pero hasta ahora, esa decisión no concretó ante la ola de repudios que cosechó.

En tanto, el otorgamiento de pensiones para los familiares y las víctimas del terrorismo de Estado se encuentran suspendidas por decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que como abogado defendió a imputados de crímenes de lesa humanidad.

En la Secretaría de Derechos Humanos, los despidos y recortes que se suceden desde hace meses pusieron en riesgo la continuidad de las tareas que se llevan a cabo en los Sitios de Memoria que preservan la memoria documental de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en Argentina.