Desde el gobierno nacional sabían que no sería fácil. Sin embargo, a más de dos semanas de esbozar la medida por la cual se congela por 90 días el valor comercial de 1.400 productos de consumo masivo, las críticas se siguen sumando. 

Los gobernadores e intendentes de la oposición dejaron en claro que no saldrán a “militar precios” por lo que, antes de partir hacia Roma para participar del G20, el presidente Alberto Fernández tuvo que firmar un decreto a través del cual se convoca a los mandatarios jurisdiccionales de todo el país a sumarse a los controles.

Ahora, será la Secretaría de Comercio, que conduce Roberto Feletti, la que brindará a los intendentes “la asistencia técnica y la cooperación que le sean requeridas” ya que “resulta prioritario garantizar el cumplimiento de dicha medida o las que en el futuro la prorroguen, amplíen o reemplacen, para asegurar el bienestar de los y las habitantes del país de modo uniforme en todo el Territorio Nacional”, según los considerandos del decreto.

Pero el pronunciamiento también provocó reacciones internas debido al accionar de la medida. Sin medias tintas, el senador bonaerense por el Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona, le dijo a Data Clave que “es la misma metodología que nosotros ponemos en discusión y que es contradictoria con el sistema federal que rige en Argentina. Se pretende que los municipios sean agentes de la Secretaría de Comercio Interior, y es una locura”.

El exintendente de San Antonio de Areco tiene aprobado, desde el año pasado, con media sanción de la Cámara alta bonaerense un proyecto que busca modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuario, con el objetivo de darles más poder a los intendentes. “El decreto es un calco de uno que ya salió el año pasado en un momento que estaba bastante caliente el tema de los precios”, agrega. Y pone la lupa sobre el rol de la cartera que dirige Feletti. “Todos los municipios de la Argentina van a depender de la capacidad que tenga Comercio Interior de resolver todos esos expedientes que se van a generar. Es un esquema burocrático imposible de que funcione. Se probó y no es la forma”.

En concreto, Durañona pide que la aplicación de las normas se haga de manera local y que sean los municipios quienes inspeccionan controlen y sancionen. No solo para aplicar precios sino también para góndolas o etiquetado frontal.

El senador pide que se pongo un ojo sobre un proyecto que parecería cajoneado en la Cámara baja bonaerense pese a contar con la media sanción de Senado, donde el oficialismo es minoría. Sobre esto, Durañona había sido claro: “Ni Paula Español, en su momento, ni Augusto Costa confían en el rol de los municipios para esto. Lamentablemente tenemos un esquema de conducción política muy centralista. Nos cuesta entender que vivimos en un país federal y que hay que articular entre nación provincia y municipios”. 

“Convócase a los Intendentes y las Intendentas de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 1050 del 19 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, o las que en el futuro la prorroguen, amplíen o reemplacen, en los supuestos comprendidos en el artículo 15 de la Ley Nº 20.680″, reza el primer artículo de la normativa con la que el Poder Ejecutivo busca frenar la escalada inflacionaria de productos de consumo masivo, antes de los comicios del 14 de noviembre.

Las diferencias en la metodología es clara. Y con su bagaje de exintendente, Durañona busca que desde Nación revea la medida por considerarla “centralista”.