La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó una denuncia penal para que se investigue la responsabilidad de ex autoridades del organismo y un conjunto de empresas constructoras en una serie irregularidades vinculadas a compras y contrataciones, por aproximadamente $10,8 millones y U$S 115.890, respectivamente.

La denuncia menciona tres operaciones llevadas a cabo durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Según plantea Caamaño, se consumaron contrataciones en infracción a las reglas y normas de administración de fondos públicos de la AFI, “apartándose de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia y responsabilidad de los funcionarios intervinientes”. Resultó sorteado el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, a cargo de Julián Ercolini. Actuará junto a la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°3.

Uno de los hechos refiere a la contratación directa, entre agosto y octubre de 2016, de dos firmas con el objeto de realizar una remodelación en uno de los pisos de la sede central y, especialmente, en la oficina de la Dirección General. La cual la AFI abonó $10.599.239, cifra que representa U$S 706.616 al tipo de cambio de ese momento. 

“De este modo, resulta evidente que no existió un criterio legítimo, de procedencia por urgencia o emergencia, razones de seguridad o defensa nacional, ni de necesidad lógica razonable de contratación, toda vez que la propuesta fue dispuesta por una empresa privada y no por la propia Administración Federal”, concluye la presentación realizada hoy en Comodoro Py.

Otra de las irregularidades denunciadas tiene que ver con la contratación directa de una firma para la provisión e instalación de un mástil, en noviembre de 2016, servicio por el cual la Agencia Federal de Inteligencia pagó la suma de U$S 106.855,10. En el mismo expediente figura una ampliación de la contratación por la suma de U$S 9.038 por trabajos ya previstos en el presupuesto original, lo que lleva a la conclusión de que se habría pagado dos veces el mismo servicio.

En su presentación, Caamaño encuadró los hechos bajo análisis en los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público, y requirió que se cite a prestar declaración indagatoria al ex presidente Mauricio Macri; el ex director General de la AFI Gustavo Arribas; la ex subdirectora General Silvia Majdalani; al ex director de Gestión Económica y Financiera Juan, y al ex director de Infraestructura y Patrimonio. Entre las medidas de prueba, se solicitaron informes a las empresas involucradas: NH Construcciones S.R.L, Emprendimientos Anchorena S.R.L., Tecnel Electrónica S.R.L., Mega Soluciones S.R.L.