Esta semana, el Gobierno Nacional reveló que comenzó a distribuir los 145 mil millones de pesos generados por el “Aporte Solidario y Extraordinario” entre las distintos ítems que la ley que lo creó dispone (financiar la política sanitaria, subsidios a PYMES). Sin embargo, el frente judicial está lejos de esclarecerse, con decisiones cautelares contrapuestas: mientras que algunos jueces le dan provisoriamente la razón a los demandantes, otros rechazan su pedido de frenar el trámite antes de una decisión definitiva.

Los planteos contra el mediáticamente llamado “impuesto a las grandes fortunas” se llevan adelante tanto en los juzgados federales de las provincias (que pueden intervenir en cuestiones que van de lo penal a lo tributario) como en el fuero contencioso administrativo federal. Hace algunos días, el juez federal de Mar del Plata Alfredo López decidió otorgarle una cautelar para que un hombre no pague por ahora y para que la AFIP no pueda iniciarle ningún proceso en su contra. 

“Si se analiza el Impuesto sobre los Bienes Personales que grava la misma capacidad contributiva, la alícuota efectiva sobre la renta del año 2020 es mayor”, sostuvo López en la resolución donde dicta la cautelar. Su decisión no fue una sorpresa para el Gobierno: el magistrado suele criticar al oficialismo y al peronismo en general en su cuenta de Twitter y se muestra totalmente en contra del aborto por su fe católica.

Sin embargo, esta semana circularon en los chats judiciales dos fallos donde se rechazaron las cautelares solicitadas. Uno de esos expedientes contiene el reclamo de Laura Glezer, esposa del reconocido humorista e integrante de Les Luthiers Marcos Mundstock. Glezer es administradora de su sucesión, por lo que presentó una cautelar y una medida de amparo donde también solicita la inconstitucionalidad.

El juez Esteban Furnari le rechazó la cautelar porque otorgarla significaría concederle “la cuestión central a dilucidar en este pleito sin que se encuentren suficientemente acreditados ni la verosimilitud del derecho ni la irreparabilidad de los perjuicios que se aducen”. En ese sentido, recordó que la jurisprudencia de los tribunales federales sostiene que “el contenido de las medidas cautelares no puede superponerse, equivaler o significar lo mismo que se pretende lograr en la sentencia de amparo, o dicho en otros términos, no corresponde dictar a título precautorio decisiones cuyo objeto coincida total o parcialmente con el de la demanda”. Glezer ya elevó su reclamo a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Otra de las cautelares rechazadas la firmó el juez en lo contencioso Pablo Cayssials: “Cuando la cautelar se intenta respecto de la actividad de entidades públicas, es necesario que se acredite prima facie, y sin que esto suponga un prejuzgamiento de la solución de fondo, la arbitrariedad del acto recurrido, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible”. En un escrito de 16 páginas, sostuvo que se debía ser estricto con la concesión de este tipo de cuestiones y que la persona no había fundamentado de manera correcta el porqué era necesaria una cautelar.

Más allá de las cautelares, lo que todavía se aguarda es el primer fallo que resuelva sobre el fondo de la cuestión: ¿es o no es constitucional el aporte solidario? ¿será realmente confiscatorio? Las cautelares concedidas dan la pauta de que varios jueces considerarán que la ley no debe aplicarse.

Mientras tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal siguen acumulándose las causas: los últimos planteos recibidos incluyen a Leandro Rud, quien fuera uno de los manager de modelos más importantes del país. Su reclamo cayó en el juzgado a cargo de Rita Ailán. El otro nombre que llamó la atención en Tribunales es el de César Roberto Litvin, un contador y tributarista muy consultado en sectores políticos, empresariales y mediáticos. Su causa le tocó al juez Enrique Alonso Regueira.