Un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunió con el Gobierno para entregarle en manos al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, un proyecto de reforma laboral para que tomen en consideración de incluir en la Ley Bases que se volverá a discutir en el Congreso de la Nación.

La iniciativa la encabeza un grupo de legisladores comandados por Rodrigo de Loredo y Alejandro Cacace. También asistieron los diputados Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay y los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi.

Fuentes de la UCR aseguran a Data Clave que el proyecto tiene el visto bueno del Comité Nacional -incluido Martín Lousteau, actual presidente- y que "son pocas modificaciones" al proyecto original del Gobierno. Vale recordar que Javier Milei quiso establecerla en su mega DNU y fue frenado en la Justicia por una medida cautelar.

"El planteo nuestro, en términos generales, es que a la ley le falta un matiz o una tendencia para que incentive más el empleo en blanco. Y no solamente se preocupe de una de las partes del problema, que es la alta litigiosidad y la carga onerosa del costo de la relación laboral", explicó De Loredo.

El Gobierno quiere ir en busca de una reforma pero ahora quitando algunos artículos que pudieran tornarse conflictivos para las principales obreras. La Confederación General del Trabajo (CGT) ya anunció que el próximo 9 de mayo habrá un segundo paro nacional contra las medidas económicas de Milei. El punto que genera mayor fastidio para la central obrera es la limitación de los aportes solidarios, un ítem que propone el Gobierno y que sostiene el radicalismo en el proyecto que acercó a Posse. 

Por otra parte, fuentes radicales indicaron a Data Clave que el espíritu principal de este proyecto es la reducción considerable de multas por indemnización para las empresas que no registren a sus empleados. Actualmente, en términos generales, un empleado que gana $500 mil puede llegar a recibir $5 millones en indemnización. Lo que propone la UCR es que solo se le pagaría al obrero despedido $500 mil por año trabajado, otros $500 mil de preaviso y unos $500 mil en concepto de multas. Los especialistas en materia laboral del partido centenario plantean que esto no incentiva al empleo informal debido a que mantendrán las multas fiscales.

Por otra parte, también proponen reducir el costo de registración, en especial para las nuevas empresas. Sugieren que haya una retracción de la base imponible de las contribuciones patronales de los primeros cinco empleados por un salario mínimo.

En otro orden de temas, también sugieren la creación de una nueva categoría para los empleados de la educación, convirtiéndolos en un servicio estratégico esencial, lo que garantiza que convivan la apertura de los colegios y el derecho a huelga. Piden que los establecimientos tienen que estar siempre abiertos, al igual que los servicios de alimentación. A su vez, exigen que se garantice una presencia de la nómina docente. Con un 30% un día de paro, un 50% si se extiende 48 horas y un 75% en caso que se amplíe a tres días de reclamos.

Por último, proponen la creación de un fondo de cese laboral optativo, una opción de contratación de seguros para responder a una futura indemnización, herramienta cuyo costo fiscal aún no está calculado.