El fuero Contencioso Administrativo nació como tal con la creación de los juzgados de esa especialidad en septiembre de 1948. Se convirtieron en estratégicos por la relevancia y variedad de temas en los que puede opinar: desde decretos y leyes hasta regulaciones y reclamos de integrantes de fuerzas de seguridad federales.

Si en Comodoro Py se manejan las cuestiones político-penales, en los contenciosos (repartidos geográficamente entre el Palacio, sus cercanías y el nuevo edificio de Ejecuciones Fiscales) se dirimen y controlan las políticas públicas. De ahí surge que haya sido denominado como “el fuero de la gobernabilidad”.

Esta semana, la Dirección General de Aduanas detectó que entre las autorizaciones judiciales que logró la firma Yoko S.A. para liberar mercadería salteándose el requisito de validar la SIMI (el Sistema integral de monitoreo de importaciones) le “había cedido” la autorización a la firma Tropea S.A., una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería. Ese permiso, como forma de “alquiler”, fue detectado en otros casos y derivará en distintas denuncias penales.

La vicepresidente tuiteó este lunes contra la resolución que dictó la jueza contenciosa Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. “O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible”, acusó. No es la primera vez que disparaba contra “el festival de importaciones” y el rol que juegan los magistrados dentro de este fuero en particular. 

El juzgado de Madariaga de Negre fue uno de los apuntados el año pasado como dentro de los más "permeables" a los reclamos de empresarios en búsqueda de autorizar importaciones. Recordaron también dentro del oficialismo que allí se le dio el visto bueno a la primera cautelar contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, aunque esa postura quedó prácticamente a contramano del resto del fuero.

Contencioso no es Py y tiene otro estilo. Cuando Alberto Fernández presentó su fallida reforma judicial, allí estaba prevista la unificación del fuero con su primo, el Civil y Comercial Federal. Las resistencias y los comentarios lograron revertir la idea original del proyecto y lo que se aprobó en el Senado directamente ni incluía la fusión. El resto es historia conocida: la reforma fue freezada en Diputados.

El mote de fuero de la gobernabilidad no es en vano: la mayoría de aquellos que integran tanto los doce juzgados como las cinco salas saben manejar el tiempo de sus decisiones de una manera mucho más sutil y precisa que los federales de Py. ¿Puede que este escándalo político-jurídico afecte la forma en que fueron desempeñándose hasta ahora en relación con las causas que le afectan al Gobierno?