Contencioso Administrativo: el fuero que ningún gobierno quiere tener en contra
Si en Retiro se manejan las cuestiones político-penales, en los contenciosos se dirimen y controlan las políticas públicas. Es el lugar donde todo Gobierno de turno busca hacer pie. Todos los detalles en la nota.
Alejado de Comodoro Py y con integrantes no mediáticos, una diferencia que los separa de sus colegas de Retiro. El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, llamado por muchos como el fuero de la gobernabilidad por su capacidad de influir en los temas más variados de gobierno, es el lugar donde todos los oficialismos quieren hacer pie.
Esta semana, una jueza del Contencioso dictó dos cautelares que frenaron el pago del ya famoso “Aporte Solidario” o impuesto a las grandes fortunas. Los beneficiados fueron dos empresarios pero ya muchos se relamían con la posibilidad de conseguir fallos similares. Quienes conocen el fuero coinciden que una cautelar puede ser un llamado de atención y luego el fondo de la cuestión ir por otro lado.
El fuero Contencioso Administrativo nació como tal con la creación de los juzgados de esa especialidad en septiembre de 1948. Se convirtieron en estratégicos por la relevancia y variedad de temas en los que puede opinar: desde decretos y leyes hasta regulaciones y reclamos de integrantes de fuerzas de seguridad federales.
Si en Retiro se manejan las cuestiones político-penales, en los contenciosos (repartidos geográficamente entre el Palacio, sus cercanías y el nuevo edificio de Ejecuciones Fiscales) se dirimen y controlan las políticas públicas.
Para este semestre, los integrantes del Contencioso Administrativo Federal van a tener que intervenir no solo en el tema aporte solidario sino también en las sanciones que fijó el Consejo de Guerra a los marinos sancionados por la tragedia del Ara San Juan; en la polémica por las intimaciones a jueces y fiscales por parte de la ANSES; y también en diversas causas donde AFIP fue cuestionada.
El integrante que quizás sale de la media, al que quizás le apunta algún que otro reflector es el juez Sergio Fernández que además de integrar la Cámara en lo Contencioso Administrativo es hermano de Javier, actual integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) e histórico operador tribunalicio (aunque él mismo lo desmienta).
Sin las estridencias de Comodoro Py, Contencioso sabe negociar: el año pasado, la reforma judicial que presentó Alberto Fernández tenía prevista la unificación del fuero con su primo, el Civil y Comercial Federal. Las resistencias y los comentarios lograron revertir la idea original del proyecto y lo que se aprobó en el Senado directamente ni incluía la fusión.
El mundo judicial no está muy feliz con la estrategia del oficialismo, que promete profundizarse tras el arribo de Martín Soria al Ministerio de Justicia (nombramiento que finalmente se consolidará esta semana). En el mapa de complicaciones que pueden surgir de esta guerra fría entre gobierno y tribunales, Contencioso Administrativo ocupa un lugar clave: tiene la capacidad de frenar o freezar leyes cuestionadas, resoluciones administrativas y hasta mandar “mensajes” a través de casos donde los reclamos son contra organismos en particular (como el Servicio Penitenciario Federal).
El mote de fuero de la gobernabilidad no es en vano: la mayoría de aquellos que integran tanto los doce juzgados como las cinco salas saben manejar el tiempo de sus decisiones de una manera mucho más sutil y precisa que los federales de Py. ¿Cuantos puentes de diálogo tiene ahora el gobierno con los sectores que le pueden garantizar un año sin demasiadas complicaciones? Aquellos que antes de la pandemia caminaban Tribunales afirman que las distintas acusaciones lanzadas hacia los magistrados por parte del oficialismo pueden tener un efecto boomerang.